Una inversión de alrededor de 3.000 millones de dólares, la mayor en Grecia, está a punto de retirarse del país tras continuos retrasos causados por la burocracia del Estado. La empresa canadiense El Dorado Gold ha anunciado que el día 22 de septiembre suspenderá sus actividades en las minas de oro y cobre que operan en el país heleno. Según el comunicado oficial de la compañía, la principal causa son los reiterados retrasos en la concesión de las licencias necesarias, que han afectado negativamente el tiempo y el coste del proyecto en las minas de Calcídica (una región en el norte de Grecia muy cercana a la ciudad de Tesalónica) y que impiden a la empresa promover eficazmente el desarrollo y el funcionamiento de estos proyectos mineros.
La empresa El Dorado Gold adquirió las minas de oro y cobre de la región de Calcídica el año 2012, por un valor de 2.000 millones de dólares estadounidenses, y hasta el día de hoy ha invertido otros 1.000 millones de euros en el desarrollo de las minas, y específicamente las de la provincia de Skuriés. En la actualidad emplea a unas 2.400 personas y otras 1.500 en proveedores y contratistas de proyectos, y según el convenio firmado con el Gobierno se planifican otros 1.000 puestos en un futuro próximo.
La suspensión de la mayor inversión actual en Grecia ha provocado un terremoto en nivel político. Por una parte se encuentra el Gobierno de Syriza y las organizaciones medioambientales, y por otra parte la empresa El Dorado Gold y la oposición mayoritaria en el parlamento, mientras que la sociedad local aparece profundamente dividida, dado que cientos de los residentes trabajan en las minas.
Las organizaciones medioabientales sostienen que la actividad minera en Calcídica causará un desastre ecológico del cual la región nunca se recuperará. Syriza argumenta que el asunto pendiente sigue siendo el método de procesamiento metalúrgico en las minas en Skuriés. El diseño técnico aprobado prevé la aplicación del método de "fusión instantánea" (fusión flash), que garantiza el cumplimiento de las regulaciones ambientales más estrictas de la Unión Europea, junto con la obligación de ejecutar un programa de pruebas en una unidad semi-industrial in situ.
El hecho de no llevar a cabo estas pruebas in situ es la razón por la que el Ministerio de Medio Ambiente rechaza el estudio técnico de la empresa minera. El punto débil de este argumento es que el proyecto en Skuriés ya cuenta con un estudio medioambiental aprobado por el Tribunal Supremo y el Consejo de Estado griego. Sin embargo, el Gobierno apela reiteradamente las decisiones de los tribunales.
Mientras tanto, la oposición acusa al Gobierno de Syriza de aplicar políticas hostiles hacia la inversión extranjera, en un periodo en el que Grecia busca por todos lados capitales del exterior.
Es interesante que en la sociedad local prevalece una división completa entre los que apoyan la inversión y los que prefieren que se marche. Esta dicotomía absoluta se refleja en manifestaciones que han tenido lugar en la región, pero también en las urnas, dado que en las últimas elecciones parlamentarias Syriza y Nueva Democracia tuvieron un 33,2% y un 32,9%, respectivamente.
