El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejó claro ayer que la reposición de funcionarios en cualquiera de las Administraciones solo será posible si no implica un incremento del nivel de gasto.
Montoro tuvo que matizar así el acuerdo alcanzado con los líderes de las comunidades autónomas en la última Conferencia de Presidentes, una cita en la que el Gobierno se mostró dispuesto a modificar las actuales tasas de reposición de los empleados públicos -es decir, los puestos de trabajo que pueden ocuparse por cada funcionario que sale de la plantilla-.
Durante su comparecencia en el Senado, Montoro explicó que el Ejecutivo está dispuesto a estudiar ese cambio a medida que se identifiquen determinados servicios públicos que son "insuficientes". Sin embargo, hizo hincapié en que esa mejora no se hará a costa del incremento del capítulo uno de los Presupuestos, referido a gastos de personal, sino aprovechando la modernización de las Administraciones Públicas.
En la actualidad, la tasa de reposición de los empleados públicos está fijada en el 50% con carácter general. Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado para 2016 elevaban esa tasa al 100% para "sectores prioritarios", como la sanidad, la educación, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los servicios sociales y la Agencia Tributaria.
Varias comunidades socialistas, como Castilla-La Mancha, habían llevado al cónclave autonómico del martes una propuesta para que el Gobierno central eliminase la tasa de reposición de los empleados públicos. El presidente regional, Emiliano García-Page, defendió la necesidad de corregir una irregularidad como es el hecho de que el "tapón" existente para concursar a la oferta pública en sanidad y educación no ha supuesto un ahorro, sino un incremento de costes por la mayor contratación de interinos.
El principal sindicato de empleados públicos, CSIF, respaldó también eliminar la tasa de reposición en la futura oferta de empleo público para reforzar las plantillas más allá de las jubilaciones.
Problema demográfico
Según sus cálculos, el personal de las Administraciones registra un déficit de 170.000 empleos desde julio de 2011, cuando el nivel de empleo público se situaba en máximos. En el sindicato advierten de que el problema puede agravarse a medio plazo, dado que 119.174 trabajadores de la Administración General del Estado tienen más de 50 años, lo que puede abocar a las plantillas a una "situación insostenible".
Recientemente, el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, condicionó el aumento de sueldo a los funcionarios y trabajadores públicos a la aprobación de los nuevos Presupuestos, si bien, aseguró que cualquier mejora en este punto tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.
Con todo, el Gobierno se muestra cauto en este ámbito a sabiendas de que no cuenta con mayoría suficiente en el Congreso y de que se verá obligado a negociar estos asuntos con el resto de grupos parlamentarios.
En las cuentas del año pasado, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ponía en valor el esfuerzo realizado por este colectivo a lo largo de los años de crisis y aprobaba una actualización de sus retribuciones del 1%. Al mismo tiempo les restituyó la mitad de la paga extraordinaria que no cobraron en el ejercicio 2012.
