El Ministerio de Empleo y las comunidades autónomas acordaron ayer nuevas medidas de impulso al Plan de Garantía Juvenil, entre las que destaca el cambio de consideración de las reducciones en la cotización a la Seguridad Social que beneficien a los jóvenes y que pasaran a ser ahora bonificaciones, lo que supondrá un recorte en el déficit de la Seguridad Social.
Responsables del Departamento que dirige Fátima Báñez explicaron a elEconomista que este cambio a bonificaciones afectará a las actuales reducciones que se aplican en la tarifa plana de autónomos y a los contratos de formación y aprendizaje.
De esta forma el coste de la rebaja en las cotizaciones de ambas modalidades dejará de ser una reducción de ingresos de la Seguridad Social para convertirse en un gasto del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) financiable en un 93% por el Fondo Social Europeo.
Aunque los responsables de Empleo afirmaron que todavía no se ha cuantificado el alivio que esta medida tendrá sobre el déficit de la Seguridad Social, si avanzaron que será "considerable".
El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, informó también, tras la Conferencia Sectorial, que todo joven demandante de empleo que cumpla los requisitos para registrarse en el sistema de Garantía Juvenil pasará automáticamente a estar inscrito en este plan, lo que supone una "simplificación al máximo", de forma que sólo será necesario para beneficiarse de este plan tener menos de 30 años y llevar un día en el paro o sin recibir formación.
El programa de Garantía Juvenil se creó en 2014 para ofrecer a los jóvenes inscritos en los servicios públicos de empleo un curso, prácticas o trabajo durante un período de cuatro meses, y en el último año se ha pasado de 150.000 a 400.000 jóvenes inscritos.
Lo que no pudo ser aprobado, por la oposición de las comunidades autónomas, fue la implantación de un cheque formación para jóvenes menores de 30 años que ni estudien ni trabajen para financiar el curso formativo de su elección entre la oferta de las empresas.
