Los ministros de Competitividad de la Unión Europea (UE) tratarán mañana de cerrar su posición sobre la propuesta comunitaria para frenar el "geobloqueo", los obstáculos injustificados a los que se enfrentan los consumidores a la hora de comprar bienes o servicios por internet a causa del lugar de origen.
El Consejo de Ministros intentará acordar su postura de cara a iniciar con el otro colegislador comunitario, el Parlamento Europeo, la negociación sobre esta propuesta contra esta práctica discriminatoria que impide que clientes puedan acceder y comprar en páginas web de tiendas establecidas en un Estado miembro diferente.
La regulación propuesta por la Comisión Europea en mayo pretende eliminar esa discriminación basada en la nacionalidad de los consumidores o su lugar de residencia o establecimiento, así como impulsar el comercio digital.
Los países apoyan en general los objetivos de la propuesta, como la promoción de un verdaderamente integrado mercado único mediante el veto a prácticas comerciales, tanto tradicionales como en internet, que discriminen a los consumidores.
Entre los principales puntos en discusión está el alcance de la regulación, que se aplicará únicamente a ofertas y transacciones comerciales entre Estados miembros distintos, aunque los países aún trabajan sobre si deberán atender a la legislación del país del comerciante o del cliente, según fuentes comunitarias.
La normativa no se aplicará a las actividades excluidas de la directiva comunitaria de servicios, como los servicios financieros, audiovisuales, sanitarios o de transporte.
Otra cuestión clave que se debate es que no se requerirá que los comerciantes necesiten el visto bueno del cliente para guardar información sobre su lugar de origen más que la primera vez que visite su página web.
Además, si los comerciantes bloquean o limitan el acceso a un cliente, o le redirigen a una versión diferente de su página, deberán informarle y dar una "explicación clara".
Los comercios tampoco podrán discriminar entre clientes por lo que se refiere a los términos generales y condiciones -incluyendo los precios- para la venta de bienes o servicios en tres casos.
En concreto, cuando el producto se vende en un país en el que el comerciante ofrece el envío o puede recogerse en un punto acordado con el cliente, o cuando se proveen servicios por vía electrónica (no incluye aquellos que permiten el uso de obras con derechos de autor protegidos ni la venta de esas obras en formato tangible como libros electrónicos o música en línea).
El tercer caso hace referencia a cuando el comerciante ofrece servicios que el cliente "recibe" en el país en el que opera, como acomodación hotelera, eventos deportivos, alquiler de vehículos o entradas a festivales de música o parques de atracciones.
A diferencia de la "discriminación", la "diferenciación de precios no debería estar prohibida", según la propuesta que discuten los países, de manera que los comerciantes puedan ofrecer "diferentes condiciones de acceso", incluyendo precios, a diferentes grupos de clientes en territorios específicos.
Otro punto en el que se centra la legislación es en prohibir la discriminación injustificada de medios de pago por la nacionalidad o lugar de residencia o establecimiento.
Por último, la propuesta aboga por mantener las excepciones que permite la ley de competencia de la UE cuando un comerciante está obligado por un contrato con su abastecedor a restringir las llamadas "ventas pasivas".
De ese modo, la nueva regulación no se aplicaría en esos casos, consistentes en la respuesta a pedidos no solicitados activamente procedentes de clientes individuales, incluida la entrega de bienes o servicios a dichos clientes situados fuera de un territorio o grupo de clientes.
