
"Los Estados están de acuerdo en aumentar la protección de depósitos de particulares a un monto de por los menos 50.000 euros, sabiendo que varios Estados miembros están determinados a elevar esa cobertura a 100.000 euros", según el texto acordado por países miembros en su reunión de Luxemburgo. El mínimo anterior era de 20.000 euros, pero aún queda por ver lo que hará cada país: Zapatero comparecerá a las 17:30 horas para dar detalles, ya que España es partidaria de elevar la cantidad hasta los 100.000 euros.
El compromiso fue alcanzado en el marco de una reunión de ministros de Finanzas de los 27 y tiene como objetivo tranquilizar a los ciudadanos frente a crisis financiera.
El caso español
El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, propondrá hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que España eleve desde 20.000 a 100.000 euros la garantía de los depósitos en caso de quiebra de un banco. El Gobierno adoptará la decisión hoy mismo.
El aumento de la garantía mínima servirá para "evitar los problemas" que se están planteando por el distinto tratamiento que están dando los Estados miembros a esta cuestión y frenar "ciertos movimientos de ahorros y depósitos de unos países a otros". "Nosotros también hemos sufrido internamente estos problemas", dijo el vicepresidente.
El fondo de garantía español está dotado en estos momentos con 7.000 millones de euros, lo que supone el 45% del total de la UE. El Gobierno considera que si la garantía se aumenta de 20.000 hasta 100.000 euros no será necesario que los bancos aporten más dinero al fondo porque éste puede recurrir al endeudamiento, según informaron fuentes diplomáticas.
No a los 'golden parachutes'
Otro de los acuerdos a los que han llegado los ministros de Economía comunitarios tiene por objetivo evitar que los directivos despedidos por la quiebra de su empresa se beneficien de indemnizaciones millonarias.
Según han informado, la principal directriz es que tiene que haber una relación "más precisa" entre las remuneraciones de los ejecutivos y los resultados de las compañías que dirigen. Este principio deberá aplicarse también a las indemnizaciones por despido o golden parachutes.
"Los modelos de remuneración deben tener en cuenta la rentabilidad a largo plazo de la empresa en su conjunto", resaltan las conclusiones pactadas por los Veintisiete, y "no fomentar el cortoplacismo ni la toma de riesgos excesivos".
Los ministros de Economía de la UE piden además que los accionistas tengan más poder a la hora de determinar la remuneración de los directivos y que se tomen medidas para prevenir los "conflictos de intereses" que se pueden producir cuando los directivos de una empresa proponen fusiones o adquisiciones y al mismo tiempo tienen acciones u opciones sobre acciones en la empresa ofrecida.