Sin el PSOE, Moncloa no podrá aprobar medidas por 5.000 millones con las que cumplir el déficit. El Gobierno en funciones envía hoy a Bruselas el plan presupuestario y las reformas adoptadas.
El Gobierno de Mariano Rajoy sopesa relajar el objetivo de déficit a las comunidades autónomas, como medida para ganar apoyo al necesario ajuste de 5.000 millones de euros que España va a tener que acometer el año que viene. Fuentes autonómicas confirman que se estaría barajando relajar dos décimas el tope autonómico para este año, de forma que las regiones puedan situar su desequilibrio en el entorno del 0,9 por ciento.
Al mismo tiempo, el Estado también se guardaría para sí parte de ese oxígeno, dado que cada vez se hace más difícil que pueda cumplir su propio límite, del 1,8 por ciento este ejercicio. De hecho, ya lo ha superado en más de un punto hasta agosto, cuando acumula un saldo negativo del 2,79 por ciento, principalmente por la fuerte caída de la recaudación en Sociedades y, según fuentes parlamentarias, por las mayores aportaciones a la banca vía Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). Actualmente España cuenta con un punto más de margen, hasta el 4,6 por ciento, que la Comisión nos concedió.
"Las comunidades autónomas van a estar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde se determina la senda del déficit y es allí donde se decide la distribución de esa nueva senda", afirmaba ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras recordar que "precisamente conociendo la preocupación de los presidentes autonómicos estamos cambiando la Ley de Estabilidad, lo que permitirá al Gobierno en funciones, si no se elige un Ejecutivo nuevo, aprobar nuevos objetivos de deuda y déficit".
Con un horizonte más holgado para los gobiernos territoriales, Mariano Rajoy trataría de lograr apoyos de cara a la necesaria aprobación de las medidas de ajuste pendientes. No en vano, varios presidentes regionales, principalmente los de Canarias, Fernando Clavijo, y Cantabria, Miguel Ángel Revilla, han reclamado en los últimos días a Rajoy que convoque cuanto antes la Conferencia de Presidentes (que no se reúne desde el año 2012) para abordar, sobre todo, el techo de gasto, el déficit y los presupuestos de 2017.
A su petición, que contaría también con el apoyo de Castilla y León y La Rioja, se suma la presión que también han venido ejerciendo las autonomías gobernadas por el PSOE a su propio partido para que se abstenga en la próxima votación y permita a Rajoy conformar un Ejecutivo que desbloquee la situación financiera, cada vez más delicada, que atraviesan las regiones.
Medidas con las que cumplir
Parece un hecho que sin el PSOE, ya sea por la vía de la abstención o por la del apoyo directo, Mariano Rajoy no podrá sacar adelante el necesario ajuste de 5.000 millones de euros -de medio punto del PIB-, que las Cuentas del año que viene deberán incorporar para que España cumpla el déficit del 3,1 por ciento que Bruselas le exige.
Precisamente, el Gobierno en funciones remite hoy a las autoridades comunitarias el plan presupuestario de 2017, que implica la prórroga de los Presupuestos de este año, junto al conocido como Informe de acción efectiva. En él, Presidencia detalla las medidas adoptadas para ceñirse este año a los objetivos previstos: el cierre presupuestario que decretó el pasado mes de julio, el acuerdo de no disponibilidad de crédito por 2.000 millones de euros del Estado y el aumento del impuesto sobre Sociedades, con el que prevé recaudar 8.300 millones más este ejercicio.
La novedad en el caso de estos presupuestos prorrogados es que sí incorporarán previsión de ingresos y de gastos para el próximo año. Ayer, durante la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que dichas estimaciones se han elaborado con "mucha prudencia".
El nuevo Gobierno deberá ser el que apruebe las medidas que considere necesarias para reducir nuestro desequilibrio el año que viene desde el 3,68 por ciento que prevé Moncloa en el texto enviado a Bruselas, hasta el 3,1 por ciento fijado por nuestros socios. Y será ese mismo Ejecutivo el que tenga que incorporar esas medidas al nuevo proyecto presupuestario.
El motivo de ello, tal y como explicó Sáenz de Santamaría, es que su situación de interinidad impide al equipo de Mariano Rajoy elaborar un plan presupuestario con cambios de política fiscal o económica. De este modo y, dado que Moncloa mantiene en el 2,3 por ciento el crecimiento previsto para el próximo año, el próximo Gobierno deberá aprobar ajustes por 5.000 millones de euros (por ese medio punto del PIB que supone pasar de un agujero del 3,68 al 3,1 por ciento).
El tiempo apremia, porque el 31 de este mes se cumple la fecha límite para la formación de Gobierno. Si Rajoy lograse el apoyo de la Cámara a su investidura uno o dos días antes, podría aprobar el techo de gasto en torno al 4 de noviembre, llevarlo al Congreso y presentar a la Cámara Baja unos nuevos Presupuestos a mediados de ese mismo mes.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la número dos del Gobierno avanzó también que si Rajoy es investido presidente del Gobierno a final de este mes, el nuevo Ejecutivo estaría en disposición de aprobar el techo de gasto para 2017 en noviembre. Junto con el límite de gasto, también se aprobarán los objetivos de déficit de todas las administraciones públicas para 2017.
Explicó, asimismo, que un Gobierno "a pleno rendimiento" podrá aprobar mediante decreto ley las medidas de naturaleza presupuestaria que considere oportunas, como podría ser la revalorización de las pensiones-, para que estén en vigor el 1 de enero.
A pesar de todo, recordó que la prórroga automática de los presupuestos de 2016 será inevitable, porque aunque se pueda presentar el proyecto de ley con las nuevas cuentas para 2017 no dará tiempo a que esté aprobado antes del 1 de enero.
Respecto al plan presupuestario que se remitirá a Bruselas, la vicepresidenta se limitó a recordar que incluye las medidas de acción efectiva que se han tomado en 2016 para bajar el déficit al 4,6 por ciento del PIB y una proyección de las cuentas de 2017 conforme al último cuadro macroeconómico, pero sin medidas de política económica.
