El PSOE aprovechará las negociaciones con el Gobierno sobre el nuevo techo de gasto para exigir un cambio en el reparto de los objetivos de déficit público previstos, en el que se aumente el tope del 0,7% establecido para las comunidades autónomas. El Gobierno en funciones prorroga mañana las Cuentas 'in extremis'.
Los responsables económicos del Partido Socialista consideran "injusta e irreal" la distribución del desequilibrio fiscal decidida por el Ejecutivo en funciones y argumentan que "en la medida que al Estado se le aumenta el margen, en la misma proporción se debería dar también más a las autonomías".
En esta demanda de un mayor margen de déficit los socialistas podrían contar también con el apoyo de algunos barones regionales del PP, como el castellanoleonés Juan Vicente Herrera o el riojano José Ignacio Ceniceros, que, en privado, ya han mostrado su desacuerdo con los ajustes e, incluso, alguno se lo ha transmitido al ministro Cristóbal Montoro.
De acuerdo con la nueva senda de déficit marcada por Bruselas, la Administración Central tendrá que reducir la brecha entre gastos e ingresos desde el 2,5% en que cerró el año pasado al 1,8%, lo que supone un ajuste de unos 7.000 millones. Las comunidades tendrán que reducir el déficit del 1,66% de 2015 al 0,7% para este año, que suponen otros 7.000 millones de euros.
Ayer, aprovechando la presencia en los actos conmemorativos de la Fiesta Nacional, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvo contactos con sus homólogos, como el cántabro Miguel Ángel Revilla, el castellano manchego Emiliano García-Page y el extremeño, Guillermo Fernández Vara, para cerrar una cita con el resto de presidentes de comunidades para celebrar una cumbre autonómica a finales de mes, haya o no Gobierno en el Estado.
La Conferencia de Presidentes ya existe y se considera el máximo órgano de cooperación entre el Estado y las autonomías, pero no se reúne desde hace cuatro años.
Aunque desde el PSOE no se ha cuantificado en cuánto debería aumentarse el tope de déficit de las CCAA, se insiste en que son las que soportan un mayor gasto en los servicios púbicos, fundamentalmente en materia de sanidad, educación, dependencia e infraestructuras.
La intención de la Comisión Gestora que dirige ahora el PSOE es, si finalmente opta por abstenerse en la sesión de investidura y facilitar el gobierno en minoría del Partido Popular, negociar un nuevo sistema de financiación autonómica, que obtenga el mayor consenso posible entre los partidos políticos con representación parlamentaria.
Por otra parte, y aunque el PSOE ha anunciado también que va a apoyar la reforma del Impuesto de Sociedades, planteará como prioridad en sus negociaciones con el nuevo Ejecutivo, si hay investidura, una "reforma en profundidad del Impuesto de Sociedades".
En este punto, los responsables económicos del PSOE resaltan que con ese impuesto España recauda el equivalente al 2% del PIB, dos décimas por debajo de la media europea.
Los datos de Eurostat muestran que España es el noveno país que menos ingresa por este tributo, mientras que los Estados que más recaudan son Malta (6,5% o del PIB), Chipre (6,4%) y Luxemburgo (4,4%). Tres países que han sido catalogados en algún momento como paraísos fiscales por la legislación española y que mantienen una legislación beneficiosa para las empresas.
