La investigación abierta a compañías multinacionales estadounidenses por parte de la Comisión Europea por presunta evasión fiscal y, especialmente, la reclamación a Apple de 13.000 millones de euros por impuestos no pagados en Irlanda han relanzado una batalla de multas entre Bruselas y Estados Unidos a sus respectivas empresas. Aunque la guerra no es nueva, parece haberse intensificado ahora, y mientras desde Europa se ultiman también sanciones contra compañías como McDonald?s, Amazon o Google, en Washington se actúa contra firmas contra Volkswagen o Deutsche Bank.
El nivel de tensión es tal que las empresas norteamericanas han empezado incluso a hacer lobby no sólo en Europa, sino también de forma individualizada en los países en los que están presentes, como España. Apple, de hecho, ha amenazado ya con frenar las contrataciones y el empleo en el Viejo Continente.
Para la Unión Europea, sin embargo, la lucha contra la evasión fiscal y las agresivas prácticas de algunas multinacionales para reducir el pago de impuestos se ha convertido en una de sus prioridades. El premio no es desdeñable, porque las instituciones comunitarias calculan que los 28 socios dejan de ingresar hasta 70.000 millones de euros al año por la fuga de impuestos, aunque las decisiones que se están tomando a este lado del Atlántico no han gustado nada en Was-hington.
El gran encontronazo ha llegado tras el batacazo dado a Apple, la reina de las empresas estadounidenses. Tras dos años de investigación, la Comisión Europea consideró ilegal el arreglo fiscal facilitado por Irlanda, por el que la primera firma del planeta por valor bursátil llegó a pagar tan solo un 0,05 por ciento en impuestos tras 15 años de comadreo con Dublín.
Una ayuda de Estado ilegal a favor de la firma de Cupertino, intolerable para las reglas del mercado común europeo. La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, exigió al gigante tecnológico que pagara a Irlanda 13.000 millones de euros para corregir la situación y los gritos de protesta llegaron no sólo desde Apple e Irlanda, a pesar de la lluvia inesperada de millones, sino también desde Estados Unidos. El Departamento del Tesoro advirtió que recuperar impuestos de manera retroactiva ?minaría los esfuerzos del G-20 para mejorar la seguridad fiscal?. Pero el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, respondió precisamente durante el reciente encuentro del G-20 en Hangzhou (China) que Europa ?está aplicando las reglas?.
Un varapalo histórico
El importe que Apple tendrá que desembolsar representa el mayor varapalo dado por Bruselas a una multinacional. Pero no ha sido el primer caso de empresas americanas castigadas por los herméticos servicios de Competencia de la Comisión, que tienen el cuchillo afilado desde que la comisaria Mar- grethe Vestager ocupara la cartera en noviembre de 2014. A la danesa se le abrió su gran frente de batalla para este mandato el 5 de noviembre de 2014, a los cinco días de llegar al cargo, tras la filtración del medio millar de acuerdos fiscales firmados por Luxemburgo con 343 empresas, gracias a los cuales apenas pagaban impuestos.
El llamado Luxleaks puso en aprietos al recién llegado Juncker, bajo cuya mirada Luxemburgo se había convertido en un paraíso fiscal durante sus 18 años al frente del país. Y a Vestager le obligó a cargar contra un gran número de multinacionales principalmente norteamericanas, despertando la ira de empresarios y congresistas al otro lado del Atlántico, que le acusaron de parcial.
Vestager abrió así una investigación a Amazon y McDonalds por sus acuerdos a la carta con el Gran Ducado. Bruselas también obligó a pagar a Starbucks entre 20 millones y 30 millones en octubre del año pasado por los beneficios fiscales recibidos por Holanda, en un caso que había lanzado antes de que estallara el caso de Luxleaks. Estos casos se sumaron a la larga batalla que mantiene el Ejecutivo comunitario con Google, con tres investigaciones paralelas abiertas por abuso de posición dominante en sus servicios, su buscador y su sistema Android. La sanción podría superar incluso los 2.000 millones de euros que le costó a Microsoft su largo rifirrafe con Bruselas.
La Comisión se ha empeñado en señalar que también ha cargado contra firmas europeas que evaden impuestos, como Fiat, a la que le obligó a pagar entre 20 millones y 30 millones el pasado año. Y también eran europeas una gran mayoría de las 35 compañías obligadas a devolver 700 millones de euros, favorecidas por el esquema de Bélgica de ?beneficios excesivos?, por el que se les perdonaba hasta un 90 por ciento de los impuestos.
Investigación a Ikea
Y a la espera de las multas que le caigan a McDonald?s y Amazon, la siguiente apertura de un caso podría ser contra otra europea. Vestager ha indicado que su equipo está analizando la información sobre el esquema utilizado por Ikea, según el cual la multinacional podría haber esquivado 1.000 millones de euros en impuestos durante los seis últimos años. Pero estas decisiones no han logrado aplacar el enfado del primer socio comercial de Europa.
Un grupo de grandes ejecutivos de 185 empresas ha avisado ya que el precedente que representa el caso de Apple supone una ?herida auto infligida? que aumentará la incertidumbre y espantará la inversión en Europa. Para intentar calmar los ánimos entre las dos prin- cipales economías del planeta, Vestager ha viajado esta semana a Estados Unidos para reunirse con los críticos de sus investigaciones, incluido el secretario del Tesoro, Jack Lew.
Además, en un inesperado golpe de efecto, la Comisión anunció el mismo día que la comisaria aterrizó en Washington la apertura de una nueva investigación sobre las ventajas fiscales ofrecidas por Luxemburgo a la eléctrica francesa Engie, anteriormente GDF Suez.
El enfrentamiento con EEUU, y la última filtración con los nombres de propietarios de sociedades en las Bahamas, que ha expuesto a la ex vicepresidenta de la Comisión, Neelie Kroes, ha puesto de nuevo al Ejecutivo comunitario a la defensiva, acentuando el impulso legislativo de Europa para evitar la fuga de impuestos, que ha sido visible durante el último año y medio. La Comisión ha presentado su propuesta para obligar a las grandes multinacionales a que informen de sus beneficios país por país, ultima su borrador para armonizar la base imponible a las sociedades, y ya ha dado el primer paso para crear una lista de paraísos fiscales, que quiere tener terminada para 2017, con sanciones robustas para las jurisdicciones que no colaboren con las autoridades europeas.
Al otro lado del Atlántico
Las multas multimillonarias por parte de los reguladores estadounidenses a entidades europeas se han intensificado en los últimos años, especialmente tras la resaca dejada por la crisis financiera. En junio de 2014, el por entonces fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, actualmente sustituido por Loretta Lynch, impuso ya una multa de 8.900 millones de dólares (8.000 millones de euros) al banco francés BNP Paribas por saltarse los embargos a Cuba e Irán. Un caso por el que el británico Standard Chartered también tuvo que desembolsar 300 millones de dólares (267 millones de euros al cambio actual).
Ese mismo año, el suizo Credit Suisse se comprometió a pagar 2.600 millones de dólares (2.300 millones de euros) al Departamento de Justicia, la Reserva Federal y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York por haber ayudado a ciudadanos estadounidenses a evadir impuestos. El suizo UBS pagó una cantidad tres veces menor por una cuestión similar.
EEUU obligó también HSBC a costear una multa de 1.900 millones de dólares (1.700 millones de euros) por las operaciones de lavado de dinero llevadas a cabo por la entidad británica.
Sin embargo, donde los reguladores estadounidenses buscan una sanción importante es ahora en Deutsche Bank. El Departamento de Justicia de Estados Unidos exige a la entidad capitaneada por John Cryan un total de 14.000 millones de dólares (12.4000 millones de euros) para cerrar el caso relacionado con la venta de activos respaldados por hipotecas.
Recordemos que el banco alemán ya desembolsó 1.900 millones de dólares (1.700 millones de euros al cambio) para finiquitar las acusaciones de fraude a las entidades hipotecarias esponsorizadas por el Gobierno estadounidense, Fannie Mae y Freddie Mac, a las que vendió activos respaldado por hipotecas por valor de 14.200 millones de dólares (14.660 millones de euros) antes de que estallara la crisis financiera de 2008.
Las negociaciones del Departamento de Justicia y Deutsche Bank llegan en un momento delicado donde cualquier decisión puede caldear el ambiente político entre Washington y Bruselas. El propio ministro de Finanzas germano, Wolgang Schaeuble, ya dijo hace un par de semanas que el Gobierno alemán espera ?un resultado justo? tras las conversaciones del banco y las autoridades estadounidenses. Otros bancos europeos, como Royal Bank of Scotland, Barclays Bank, Credit Suisse y UBS todavía tienen que conocer la decisión de la justicia estadounidense por actividades similares. Las últimas estimaciones apuntan que estas dos últimas entidades pagarán al menos hasta 2.000 millones de dólares cada una.
Objetivo: Volkswagen
Obviamente, el azote de la justicia estadounidense va más allá de los bancos. Uno de los casos más recientes es el de Volkswagen y su escándalo en la manipulación del software sobre las emisiones de algunos de su modelos diésel. El fabricante automovilístico alemán fue multado con alrededor de 14.700 millones de dólares (13.100 millones de euros), de los cuales 10.000 millones compensarán a los consumidores, mientras que los otros 4.700 millones están destinados a ?mitigar la contaminación y hacer inversiones que apoyen vehículos con tecnologías de cero emisiones?, según anunció el Departamento de Justicia.
A esta cantidad habría que sumar otros 1.200 millones de dólares que la compañía pagará a los concesionarios a este lado del Atlántico. Tampoco debemos olvidar que Volkswagen se enfrenta todavía a una investigación criminal donde el ingeniero, James Liang, ya ha sido en- causado penalmente.
Anteriormente, otras multas de gran calado en EEUU incluyen la de BP que se comprometió a pagar 18.700 millones de dólares (16.700 millones de euros) al Departamento de Justicia y a otros cuatro estados (Luisiana, Mississippi, Alabama, Texas y Florida) por la catástrofe generada por el vertido del Golfo de México, provocada por el incendio de la plataforma Deepwater Horizon en 2010. La batalla sigue abierta.