Las disparidades existentes entre comunidades autónomas y la falta de una regulación estatal hacen que la Renta Mínima de Inserción (RMI) no esté garantizada en todo el territorio nacional. Así lo constata un informe del Consejo Económico y Social que toma como referencia los últimos datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Esta ayuda, destinada a personas sin ningún ingreso y en riesgo de exclusión social, aumentó un 0,49% en 2014 -último año para el que hay datos oficiales- hasta los 420,63 euros mensuales. Pese a tratarse de un incremento leve, lo cierto es que éste pone fin a la tendencia a la baja que había venido manteniendo durante los dos ejercicios previos.
Con todo, la Memoria socioeconómica y laboral del CES recoge, a la vez, un descenso en el número de beneficiarios. Así y pese a que las unidades familiares con prestación repuntaron un 1,5% en 2014, los miembros dependientes que no son titulares de la renta mínima disminuyeron hasta los 350.211, lo que arroja una caída en el saldo total de perceptores del 3,93% (612.518).
Algo parecido sucede con la cuantía de la prestación. Pese a que el importe mínimo aumentó un 0,49% hasta esos 420,63 euros; la cuantía máxima se redujo de media un 0,52% hasta los 664,14 euros. Esto se debe, según el organismo, a que hay menos dependientes cubiertos por las ayudas.
Normativas heterogéneas
El Consejo Económico y Social pone de manifiesto que "no se puede hablar de un verdadero sistema estatal de rentas mínimas" porque, aunque todas las comunidades autónomas cuentan con programas, "la heterogeneidad de las normativas reguladoras implica que las rentas mínimas no están garantizadas por ley en todas ellas", incide el CES en su documento.
Aunque en el conjunto nacional el número de perceptores disminuyó, en todas las regiones aumentó salvo en Andalucía (-59,2%) y País Vasco (-17,3%).
En cuanto al gasto anual por beneficiario, cuyo promedio nacional se elevó un 11,4% hasta los 1.492,1 euros, las únicas autonomías en las que disminuyó fueron en Castilla y León (-8,6%), Madrid (-7,8%), Murcia (-9,8%) y Comunidad Valenciana (-11,8%).
País Vasco, con un aumento del 21% hasta los 3.868 euros fue la autonomía que más elevó su gasto anual por beneficiario.
Criterios dispares
Cada comunidad autónoma cuenta con su propio sistema de Renta Mínima (ya se denomine salario social, renta social, renta mínima...) y con requisitos particulares para cobrarla, si bien existen algunos comunes, como estar empadronado con cierta antigüedad en un municipio de la autonomía, carecer de recursos económicos suficientes para las necesidades básicas o haber solicitado ya todas las ayudas, prestaciones y pensiones correspondientes.
La prestación no suele superar el 70% del salario mínimo y pueden tener una parte fija y otra variable en función de si hay miembros de la unidad familiar dependientes. La duración de la prestación también varía: unas regiones la conceden por un periodo limitado y otras de forma indefinida.
