La nueva tasa de 633 euros que el Ayuntamiento de Barcelona quiere aplicar sobre las viviendas vacías no ha gustado nada entre los empresarios de la capital catalana, y la Cámara de Comercio de Barcelona ha sido la primera en alzar la voz.
La alcaldesa Ada Colau presentó hace justo un mes una propuesta de ley que semanas después aprobaría con el apoyo de Esquerra Republicana en el pleno municipal. Se trata de una tasa que, de facto, actúa a modo de multa sobre los inmuebles que permanezcan deshabitados más de dos años sin justificación alguna.
El gravamen de 633 euros responde al proceso de inspección para declarar y probar que el piso está en situación "anómala". Es en ese momento cuando se cobra la tasa y se inician los requerimientos, que comportarían otras sanciones económicas.
Aunque esta norma está diseñada de forma que pueda afectar tanto a grandes tenedores de vivienda, bancos o fondos de inversión como a pequeños propietarios, el consistorio asegura que sólo tiene expedientes de entidades financieras, unos 60.
Genera incertidumbres
Por lo que la Cámara de Barcelona, que preside Miquel Valls, rompe una lanza a favor de estas entidades y considera en un comunicado que esta "falsa tasa" abre la puerta a una "grave incertidumbre jurídica y a una limitación del derecho de propiedad del artículo 33 de la Constitución". La Cámara añade que ve "imprudente" delimitar la actividad inmobiliaria para regular una bonificación. Además, asegura, esto podría derivar en "diversas tasas, como la de inspección o la de ejecución".
La institución que preside Valls también ve contradictorio que la desocupación injustificada de un inmueble durante dos años se considere "anómala", pero, a la vez, "se limite la inspección a las viviendas declaradas como desocupadas". La ley de Colau se encuentra en fase de exposición pública hasta el 6 de septiembre.
