
Las remesas representan uno de los vínculos económicos y sociales más fuertes entre México y Estados Unidos. Con una población de 35 millones de mexicanos residiendo en la Unión Americana, sólo en 2016 los envíos de dinero de los migrantes a sus familias han sumado 24.000 millones de dólares y son la segunda fuente de divisas para el país, superados únicamente por las manufacturas. Por ello, las remesas han sido identificadas por el gobierno mexicano como una oportunidad para lanzar un nuevo programa de vivienda que pone a los migrantes en el centro de su funcionamiento.
La Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) dio a conocer el programa "Construye en tu tierra" mediante el cual los mexicanos que residen en Estados Unidos -con o sin papeles- podrán fungir como "avales solidarios" de sus familiares o amigos en México para obtener créditos para la construcción de viviendas en terrenos que ya estén en propiedad de los beneficiarios.
El programa está diseñado para atender a personas receptoras de remesas -de las cuales el 57% radica en áreas rurales- cuyos ingresos sean inferiores a 11.102 pesos (540 euros) mensuales, y que se encuentren en zonas de niveles de marginación bajo y medio. Esta capa de la población es, contrario a lo que se pudiera pensar, buena pagadora, pues según cifras oficiales tiene una tasa de morosidad un 50% inferior a la que registran los estratos más altos.
Rosario Robles, titular de la SEDATU, explicó que el objetivo es mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas que se encuentran en el país a la vez que ayudar a los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos a adquirir una vivienda a la cual puedan regresar.
Los beneficiarios deberán dar una aportación inicial del 5% del valor de la vivienda, y contarán con un subsidio del gobierno federal de hasta 64.392 pesos (3.100 euros). Los gobiernos estatales que estén inscritos en el programa aportarán 25.000 pesos (1.220 euros) adicionales. Hasta el momento son siete los Estados que se encuentran en el programa: Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México, Yucatán, Puebla, Campeche y Zacatecas. De esta manera, el gobierno calcula que los migrantes estarán aportando entre 60 y 70 dólares mensuales al pago de la vivienda durante cinco años, equivalentes a cerca del 30% de las remesas que envían a México. "Los migrantes y sus familias siempre han utilizado una parte de las remesas a construir sus casas en México", explica Robles, la diferencia con este nuevo programa estriba en que las viviendas cumplirán con estándares de sostenibilidad y calidad. Las casas tendrán por lo menos dos habitaciones y 46 metros cuadrados de construcción y la vigilancia de la ejecución de las obras estará a cargo de verificadores certificados por al Comisión Nacional de Vivienda, así como de los intermediarios financieros.
Paloma Silva, directora de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), explicó que el costo total de cada proyecto de construcción estará alrededor de los 140.000 pesos (6.800 euros), de los cuales las familias terminarán pagando entre 40 y 50.000 pesos gracias a los subsidios.
Cada vivienda será construida de acuerdo a las condiciones climáticas y geográficas de cada comunidad, y contarán con biodigestores o celdas solares en caso de que sea necesario. Las familias participarán en el diseño de las mismas, explicó Silva.
Este programa constituye un avance en la política nacional de vivienda de la administración de Enrique Peña Nieto, que pretende otorgar soluciones habitacionales a las más de 8.9 millones de familias que por trabajar en la informalidad o por cuenta propia no tienen acceso a hipotecas de la banca comercial o a los programas de financiamiento del Estado que están dirigidos únicamente a trabajadores formales inscritos en el sistema de seguridad social.
La meta es ambiciosa: se propone atender a 500.000 familias en lo que resta de la administración de Peña Nieto -que termina en 2018- y pretende llegar al final de 2016 con 5.000 viviendas construidas.
La Secretaria Robles asegura que el programa tiene candados para garantizar el control de los recursos invertidos. Para empezar, enfatiza que "no trabajaremos con desarrolladores tradicionales" sino con más de 40 organismos ejecutores que tienen experiencia en trabajo comunitario y empresas que funcionan con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, los migrantes podrán seguir la construcción de su casa vía internet.
En sólo un mes desde el lanzamiento formal del programa en un acto en el estado de Arizona, Estados Unidos, ya se han solicitado 545 viviendas.