Economía

La crisis bancaria y de deuda en Italia y Portugal agita la estabilidad del euro

  • Europa mira con recelo a Roma y Lisboa por la debilidad de sus finanzas y el elevado endeudamiento

Cuando parecía que todas las variables eran favorables para la Unión Europea, llegó el Brexit para añadir incertidumbre a la ya de por sí compleja situación política y económica de Italia y Portugal, la segunda y tercera economías más endeudadas de la zona euro.

En el primer caso, con un sistema financiero que hace aguas y amenaza con contagiar las primas de riesgo y las finanzas más débiles del continente. Cinco años después de la crisis de deuda soberana que obligó al país a severos ajustes y se cobró la dimisión del entonces primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, la banca italiana precisa de una reestructuración completa y un rescate que Europa no puede pagar. La complicada situación financiera del país transalpino, que ayer pidió oficialmente una inyección de fondos públicos, amenaza con dinamitar el proyecto de Unión Bancaria en la zona euro.

En el caso portugués, nos encontramos con una economía sobreendeudada, una banca débil entregada a España y un estancamiento secular en un país que ha visto cómo la crisis destruía su ya escasa capacidad productiva. En ese contexto, el nuevo Gobierno de izquierdas ha puesto en marcha políticas antiausteridad a pesar de las advertencias de sus socios, que reclaman al país profundizar en las reformas y ajustar el elevado endeudamiento del Estado para cumplir con lo comprometido por el anterior Ejecutivo del conservador Passos Coelho.

El 'déjà vu' italiano

Hasta hace pocas semanas, en Italia sólo quedaba un recuerdo lejano del verano de 2011 y todo hacía pensar que, aunque con mucho camino por recorrer, el país había conseguido pasar página. Sin embargo, el empeoramiento de la coyuntura en las últimas semanas ha disparado todas las alarmas de un país que arrastra datos preocupantes: la deuda pública se situaba en 2015 en el 132,7 por ciento de su PIB, el segundo porcentaje más alto de la zona euro, sólo por detrás de Grecia. Hace apenas un mes el Banco de Italia advertía del elevado riesgo de que Roma incumpla el compromiso de reducir la deuda este año. En su informe anual, el organismo reclamaba más reformas, un control estricto sobre las cuentas públicas y el cumplimiento del programa de privatizaciones. Sólo así, estimó, se podrá acercar la ratio entre deuda y PIB a lo programado: una reducción de tres décimas este año, hasta el 132,4 por ciento, con el objetivo de bajar hasta el 130,9 por ciento en 2017.

Rebaja de previsiones

No son los únicos problemas de la economía italiana que, además, ha visto recortadas las estimaciones de crecimiento para este año y el próximo. El Banco de Italia bajó del 1,5 hasta el 1,1 por ciento las estimaciones de avance del PIB para este año y del 1,4 al 1,2 por ciento las de 2017. Tampoco es positivo el informe mensual difundido la semana pasada por el Instituto de estadística, Istat, que alertaba sobre la ralentización de la economía y señalaba que una de las reformas estrella del Gobierno italiano, la laboral, no está teniendo el efecto deseado. La crítica al llamado jobs act es compartida por el banco central trasnalpino, que el mes pasado elevó de una a tres décimas su proyección de desempleo en 2016, hasta el 11,4 por ciento, e incrementó en cuatro décimas su previsón para 2017, hasta el 11,1 por ciento.

Sobre el efecto del Brexit, el mes pasado el Istat afirmó que "a falta de una estimación sobre los posibles efectos del referéndum del Reino Unido, el indicador compuesto anticipador de la economía italiana registra una desaceleración ulterior". Es decir que la economía italiana va mal y con los efectos del Brexit podría ir aún peor.

El voto favorable a la salida de la UE ya ha tenido efecto sobre los bancos. Tras la noticia del Brexit las entidades transalpinas se han hundido en bolsa: mientras la deuda está al amparo del programa de compra del BCE, la banca se ha convertido en el blanco de la especulación. Hace cinco años el problema era la prima de riesgo; ahora todos tienen los ojos puestos sobre el selectivo de los bancos. E igual que en 2011 una carta del BCE ha echado leña al fuego: el organismo urge a Banca Monte Paschi di Siena (MPS), el mayor banco de Italia en dificultades, a reducir en 10.000 millones activos tóxicos. Una petición que ha acelerado la crisis del banco que ahora se prepara a ser rescatado.

El rescate bancario es otro tema clave en el difícil verano de Italia. Renzi está negociando con Europa para evitar que se aplique el bail-in, el rescate desde dentro, que supone que acreedores y accionistas deben soportar pérdidas en caso de quiebra de una entidad. A eso se suma la falta de recursos en Europa para pagar ese rescate, más después del referéndum en Reino Unido, corazón financiero del euro. Ni los bancos británicos ni el Banco de Inglaterra están en condiciones de contribuir a salvar las finanzas italianas después de su no a la UE. "Bastantes problemas tienen en casa", explica el economista e investigador de la Universidad de Essex, Javier Santacruz, que además subraya las consecuencias para el proyecto común. "Hay que dudar, y mucho, de que la Unión Bancaria sea algo viable y operativo", apunta.

Crisis política

Si la economía va mal, la situación política no es mejor. Años después, tras los recortes, sangre, sudor y lágrimas del Gobierno de Mario Monti, un nuevo Ejecutivo de amplia coalición liderado por Enrico Letta y la llegada del joven Matteo Renzi conseguía romper el centroderecha y sacar adelante muchas de las reformas estructurales pedidas por Europa: hasta su asignatura pendiente, la economía, aunque muy despacio, ha vuelto a crecer.

Sin embargo, todo cambió hace un mes. En la segunda vuelta de las municipales, el 19 de junio, la victoria del Movimiento antipartidos 5 estrellas demostró que la luna de miel entre Renzi y el electorado había acabado. Los analistas políticos interpretan el resultado de los comicios como un mensaje de desconfianza hacia el líder progresista, que ahora teme por el éxito del referéndum constitucional de octubre, que plantea la transformación del Senado para limitar sus competencias y agilizar la aprobación de leyes sólo con el voto a favor del Congreso. El primer ministro anunció que en caso de que la consulta suspenda su reforma estrella dimitirá, aumentando los temores de que la inestabilidad retome a la política italiana.

La presión sobre Lisboa

En Portugal, al igual que ocurrió en Grecia con Syriza, la nueva orientación del Gobierno, formado por el Partido Socialista y apoyado en el Partido Comunista y en el Bloco de Esquerda, no gusta a los acreedores europeos y despierta animadversión entre sus socios, especialmente en Alemania, donde sostienen que el Ejecutivo luso amenaza las promesas de austeridad y puede llegar a convertirse en una especie de nueva Syriza que agite de nuevo las aguas europeas.

El FMI ha instado a Portugal a que sea más austero tras el Brexit. El organismo calificó la falta de avances en las reformas del sector público como "lamentable". El Fondo considera que Portugal necesitará aplicar medidas adicionales para cumplir con la meta de déficit público marcada por el Gobierno luso, que se sitúa en el 2,2 por ciento. Estima, además, que el país podría crecer casi la mitad de lo previsto.

En concreto, rebajó sus previsiones de crecimiento hasta el 1 por ciento, lejos de las del Ejecutivo luso, que espera un avance del 1,8. Pero no es la única revisión a la baja: el Banco de Portugal ya redujo sus previsiones al 1,3 por ciento y la OCDE al 1,2 por ciento.

Hay que recordar que la economía portuguesa creció un 0,9 por ciento en términos interanuales en el primer trimestre del año. Se trata de dato discreto porque en los cuatro trimestres de 2015 se registraron avances bastante superiores, cerrando el año con un crecimiento acumulado del 1,5 por ciento.

También el ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, amenazó a Lisboa con que, si continúa con la política expansionista, necesitará un nuevo rescate.

El Ejecutivo luso, que tiene como primer ministro a Antonio Costa, ha aprobado varias leyes para subir los salarios en el sector público, aumentar las pensiones, subir el salario mínimo (de 589 euros al mes) y recortar un impuesto extraordinario establecido por el anterior Gobierno. Estas medidas no han gustado demasiado en ciertos sectores, ya que la elevada deuda -231.345 millones de euros, un 129 por ciento del PIB- y un déficit del 4,4 por ciento en 2015 (un punto por encima del objetivo), alimentan la paranoia sobre el ajuste presupuestario en el establishment europeo y financiero.

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