Colaboración y lamentos, sí; pero propósito de enmienda, no. Ésa es la actitud del Gobierno panameño ante la revelación de los papeles del bufete Mossack Fonseca, expresada ayer por la embajadora del país centroamericano en Madrid, María de las Mercedes de la Guardia, quien fue rotunda al asegurar que Panamá no va a renunciar a seguir siendo un país de amparo y acogida de empresas opacas. Panamá puede negarse a colaborar alegando la ilegalidad de los datos filtrados.
La representante diplomática calificó de "aspiración legítima y no sólo de los delincuentes" el mantenimiento de la privacidad que disfrutan los titulares de empresas opacas en su país y fue taxativa al asegurar que Panamá "va a mantener este servicio sin perjuicio de la transparencia". Algo que a ojos vista parece difícil de conjugar.
¿Un doble juego posible?
"Panamá está comprometida con la tolerancia cero contra la corrupción", enfatizó De la Guardia antes de asegurar que el Gobierno del presidente Juan Carlos Varela "va a cooperar vigorosamente" con el Gobierno español y con la justicia española en el momento en que se ponga en marcha una investigación para detectar los posibles casos de fraude fiscal.
Sin embargo, matizó que esta colaboración se ceñirá al cumplimiento del acuerdo de intercambio de información que se enmarca en el tratado de doble imposición firmado en 2011 entre ambos países, por el que se establecen cauces para solicitar desde España información justificada sobre determinados contribuyentes, pero que no prevé un flujo de datos continuo y masivo.
"La Agencia Tributaria española tiene los mecanismos para trabajar con la panameña, pero no se brindará información abierta y automática de forma multilateral dentro del procedimiento de intercambio de información", aclaró al término de su intervención en un desayuno patrocinado por Sacyr, la empresa que lidera el consorcio que en 2009 se adjudicó la construcción del nuevo juego de esclusas con el que se ha ampliado el Canal de Panamá.
La embajadora explicó esta colaboración restringida argumentando que ofrecer información de forma multilateral "viola la Constitución y el derecho a la confidencialidad", para añadir que Panamá "no tiene nada que ganar con estos reportes y no le pedimos a ningún país que nos reporte la actividad de los panameños en el extranjero".
En contraste con las explicaciones de la embajadora, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, calificó ayer a Panamá como el "último reducto importante" que permite la ocultación de fondos en paraísos fiscales e instó al país centro- americano a implementar "inmediatamente las reglas internacionales de transparencia".
Gurría resaltó que las revelaciones de los papeles de Panamá ha puesto en evidencia la cultura y práctica del secretismo en el país, y añadió que las consecuencias del fracaso de Panamá en el cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia han sido expuestas ahora públicamente. "Panamá debe poner su casa en orden, implementando inmediatamente estos estándares".
