
El PSOE ha acordado con Ciudadanos no subir el IRPF y reducir la tributación de las rentas del trabajo cuando la situación presupuestaria lo permita, en tanto que tratarán de retrasar un año la meta de déficit comprometida con Bruselas y situarlo por debajo del 3% en 2017 en lugar de este ejercicio. Asimismo plantean un impuesto "extraordinario" para las grandes fortunas. Consulte el documento 'Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso' (.pdf).
Además, el PSOE se ha comprometido a no llevar a cabo ningún recorte en gasto social y a reducir el IVA cultural al 10%, desde el 21% actual, y mantener el IVA del libro en el 4%.
Según el pacto de gobierno al que han llegado hoy ambas formaciones, la senda concreta de reducción del déficit público se acordaría con las autoridades europeas en base a la situación real de las finanzas públicas a cierre de 2015.
Carga tributaria hacia la riqueza
El texto del documento señala que el nuevo ejecutivo propondrá reformas del sistema impositivo que eleven la recaudación sin subir los impuestos a la clase media trabajadora, desplazando parte del peso de la carga tributaria hacia la riqueza.
De esta forma, la mejora en los ingresos se logrará también ensanchando las bases imponibles. Asimismo, se contempla una reforma en profundidad del impuesto de sociedades con el objetivo de acercar los tipos efectivos a los tipos nominales.
El nuevo ejecutivo estudiará la creación de un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas para ayudar a conseguir el equilibrio presupuestario y armonizará el impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio, estableciendo unas horquillas de bases y tipos mínimos y máximos para todo el territorio del Estado.
Anular los impuestos al transporte
También contemplan eliminar el impuesto especial sobre determinados medios de transporte (impuesto de matriculación) y sustituirlo por un impuesto a las emisiones de CO2 y de dióxido de nitrógeno, en línea con los principales países europeos.
En cuanto a la lucha contra el fraude, la evasión fiscal y la economía sumergida, proponen reformar la figura del delito fiscal, para hacerla más efectiva, endureciendo las penas y alargando los periodos de prescripción.