El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, lanzó ayer un ultimátum al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: "Si no hay diálogo antes de acabar octubre se presentarán las distintas actuaciones judiciales, que ya tiene preparadas el Consell, para lograr un sistema de financiación justo".
Puig comunicó su postura a Rajoy por carta, la tercera que le envía desde que asumió su cargo. Las anteriores, en las que también solicitaba una reunión presencial, tienen fecha del 30 de junio y el 21 de septiembre, sin que, hasta el momento, el presidente del Gobierno haya accedido a ese encuentro, a pesar de su reciente visita a Valencia para asistir a un acto del PP de la Comunidad Valenciana.
Puig ha convertido la lucha por la reforma del modelo de financiación autonómica en su principal caballo de batalla contra el Gobierno central, ya que considera que, con el actual sistema, el funcionamiento de la Generalitat Valenciana y de los servicios públicos que de ella dependen es "inviable". En esta línea, subraya que, si Rajoy continúa como hasta ahora, "sin escuchar a los valencianos" y actuando de forma antidemocrática, "la única solución para luchar por lo que es justo es ir a los tribunales". PSPV, Compromís y Podemos apoyan el ultimátum de Puig, mientras que PP y Ciudadanos lo rechazan y critican que se "judicialice" la vida política.
Pacto unánime
Para reforzar su petición, Puig ha adjuntado a la carta el Manifiesto por una Financiación Autonómica Justa, que la semana pasada fue aprobado por unanimidad por todos los grupos parlamentarios en las Cortes Valencianas (PSPV, Compromís, PP, Ciudadanos y Podemos) y respaldado por los principales representantes de la sociedad civil: las cinco universidades públicas valencianas, la patronal empresarial autonómica, Cierval, y los sindicatos CCOO y UGT.
En concreto, se exige al Gobierno central una reforma "inmediata" del sistema de financiación, el reconocimiento de la parte de la deuda histórica atribuible a la infrafinanciación -que se cifra en 12.433 millones de euros, acumulados entre los años 2002 y 2013- y un mecanismo para compensarla, además de la ejecución de inversiones en infraestructuras equiparables, como mínimo, al peso poblacional de la Comunidad Valenciana, que es de 11 por ciento respecto al total nacional.
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