El presidente estadounidense George W. Bush ha ratificado el amplio plan de rescate del sector inmobiliario aprobado por la Cámara Alta de Estados Unidos. El proyecto de ley destinará 300.000 millones de dólares a ayudar a cerca de 400.000 familias estadounidenses a lidiar con sus hipotecas y garantizar el respaldo gubernamental a las maltrechas entidades hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac.
"Estamos impacientes por instaurar nuevas autoridades para mejorar la confianza y la estabilidad de los mercados y brindar una mejor supervisión para Fannie Mae y Freddie Mac", subrayó un protavoz de la Casa Blanca. El gobierno federal va a "comenzar a ejecutar nuevas políticas para permitir a más familias estadounidenses quedarse con sus casas", añadió.
Una medida "vital"
La medida, descrita como "vital" por legisladores demócratas y republicanos, otorga un nuevo papel a la Administración Federal de la Vivienda (FHA, por sus siglas en inglés), que a partir de ahora asegurará hipotecas por valor de 300.000 millones de dólares durante las próximas tres décadas a un interés fijo para los ciudadanos en riesgo de no alcanzar los pagos mensuales de sus préstamos bajo las condiciones actuales.
Línea ilimitada de crédito
Además, el proyecto incrementa el límite de los préstamos hipotecarios entregados por Fannie y Freddie desde los 417.000 dólares hasta los 625.000 dólares. Dentro del proyecto también se incluye una ayuda de 3.900 millones de dólares que iría destinada a aquellas comunidades que se han visto desoladas por los embargos y desahucios inmobiliarios.
A punto de cumplirse un año del estallido de las tóxicas hipotecas de alto riesgo, parece que ambas Cámaras del Congreso siguen haciendo todo lo posible para evitar que el sector hipotecario no acabe por hundir aún más la maltrecha economía de EEUU. El proyecto de ley aprobado este fin de semana lanza un importante salvavidas a Fannie y Freddie, que a partir de ahora podrán optar a una línea ilimitada de crédito, cuyo coste alcanza los 25.000 millones de dólares en impuestos durante los próximos dos años.
Además, el Gobierno obtiene autorización para comprar activos de las dos compañías en caso de que fuera necesaria una intervención de urgencia.
