El Tribunal de Cuentas considera que el actual modelo de financiación de las líneas ferroviarias de alta velocidad arroja una "importante incertidumbre sobre la sostenibilidad económica a largo plazo" de estas infraestructuras, dado el "elevado endeudamiento" al que ha recurrido el sector público para construirlas.
El organismo advierte además de que esta situación podría agravarse en el futuro, una vez venzan los periodos de carencia de los préstamos que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido a Adif, promotor y gestor de la red ferroviaria.
Según sus datos, a cierre de 2013, Adif Alta Velocidad acumulaba un coste amortizado de deuda a devolver a partir de 2017 de 9.142 millones de euros.
Así lo indica el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización de la financiación de las infraestructuras ferroviarias en el periodo 2011 y 2013 aprobado en su último pleno.
El organismo se refiere al canon que Adif cobra a Renfe y cobrará a los futuros operadores privados que próximamente entren a competir con la operadora pública en transporte de viajeros en tren, para asegurar que es "insuficiente" para cubrir los costes de mantenimiento de la infraestructura y para "garantizar su sostenibilidad económica".
El informe del Tribunal de Cuentas se publica después de que los operadores privados interesados en competir con Renfe, y la propia operadora pública, hayan demandado una rebaja de estas tasas para que el tráfico ferroviario sea rentable.
Cánones insuficientes
El informe del organismo indica que los actuales cánones que Adif cobra a Renfe por circular por las líneas AVE cubren entre el 49% y el 50,6% de los costes de esta infraestructura.
Por líneas, mientras que en el AVE Madrid-Sevilla cubren de sobra los costes (el 124% del total) en el AVE a Barcelona apenas contribuyen para costear el 65% de su mantenimiento, porcentaje que se reduce hasta el 16% en el caso del AVE a Valladolid.
Ante estos datos, el informe del Tribunal de Cuentas recomienda revisar el sistema de cánones para "que sean suficientes para cubrir los costes de administraciónn y mantenimiento de la red".
Asimismo, aconseja a Fomento y Adif "introducir el principio de racionalidad en la ejecución del gasto, limitando las inversiones que sean altamente deficitarias".
Además, les emplaza a "ajustar mejor las inversiones en infraestructuras a las perspectivas de financiación existentes, priorizando la evaluación socioeconómica de los proyectos que primen la eficiencia en la aplicación de los recursos, no iniciando proyectos no rentables".
