Grecia atraviesa el sexto año de crisis y de una vida económica bajo las restricciones e imposiciones de los memorándum, desde 2010 que se firmó el primero hasta la actualidad. Durante todo este tiempo se han aprobado por el Parlamento heleno y se han impuesto una serie de medidas, reformas y ajustes cuyo objetivo era, en primer lugar, minimizar los costes estatales para que el país tuviera la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones frente a sus acreedores internacionales.
No obstante, pese a las leyes que pasaron por el Parlamento, y debido a la situación crítica en la que sigue estando el país, en el extranjero se ha cultivado la sensación de que Atenas apenas se esfuerza.
Si los resultados en las arcas del Estado no favorecen mucho a la causa griega, hay algunos índices que no se pueden contradecir. En los cinco años, de 2010 a 2014, los salarios en Grecia se han reducido en un 23,8%, el mayor índice dentro de los países comunitarios. A la misma hora, otros países que fueron sujetos a memorándum con la llamada troika sufrieron reducciones salariales muy inferiores, como Portugal (8,1%) o España (6,9).
Cronológicamente, la cosa empieza en febrero del 2010, cuando ya se había reconocido de que la deuda pública griega superaba por mucho los niveles que se publicaban hasta el 2009 (16% en vez de 5,4%). Cuando empezaron a circular rumores sobre una posible quiebra del Estado, el entonces Gobierno de Yorgos Papandreu adoptó unas primeras medidas: congelación de salarios de los empleados públicos, recortes en bonificaciones y pagas extra de 7% a 30, y un aumento del IVA de 19 a 21%, entre otras medidas.
El ambiente internacional no se mejoró para nada, y el mayo del mismo año Grecia se dirigió al Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. El Memorándum I ya era un hecho, y con él nuevas medidas: abolición total de las pagas extra en el sector público, más recortes en bonificaciones y pensiones de los funcionarios, nuevo aumento del IVA de 21 a 23%, cambios en los convenios laborales para facilitar los despidos y aumento de la edad de jubilación de las mujeres a los 65 años.
Al cabo de un año, en plena agitación social, el Parlamento heleno aprueba el llamado Plan de Medio Plazo, una serie de reformas para reducir gastos y aumentar los ingresos estatales: se imponen nuevas medidas fiscales y nuevos impuestos, se establece un nuevo organismo estatal responsable para un ambicioso plan de privatizaciones. Al mismo tiempo se modifica la escala fiscal indicando el exento mínimo de impuesto a los 8.000 euros (de los 12.000), mientras que se impone una contribución extraordinaria a los que declaran ingresos superiores a los 12.000 euros.
Sin embargo, nada de esto logra rehuir el déficit en los ingresos y el aumento de los gastos estatales. Esta situación, acompañada por la amenaza de la troika de no desembolsar el siguiente tramo del paquete de rescate, lleva al Gobierno a adoptar medidas adicionales al cabo de solo dos meses de la aprobación del Plan de Medio Plazo. Nuevos recortes en salarios y pensiones en el sector público, el exento mínimo de impuestos se baja a los 5.000 euros y también se impone el impuesto sobre la propiedad, el más polémico de todos.
En febrero de 2012 se firma el Memorándum II: el salario mínimo de reduce de los 751 euros a los 586 (reducción de 22 y 32% para los recién entrados en el mercado laboral), y también se define que a partir de ahora el nivel del salario mínimo se impondrá por ley y no por el convenio colectivo.
Es interesante ver los recortes en el ámbito de Sanidad: sólo dentro de los dos primeros años de austeridad (2010-2012) el gasto total del Ministerio de Sanidad se redujo por 23,7% (por 1.800 millones de euros). El 75% de esta reducción provino de recortes salariales en los hospitales públicos y la reducción de personal, es decir una forma de resultados inmediatos pero que no normalizaba la función del sistema sanitario en sí. Por último, es interesante ver también el sector privado: los recortes salariares de 2010 hasta el 2014 se oscilan entre 10 y 40%, de acuerdo con los datos de los convenios laborales firmados.
