El Gobierno quiere impulsar que partidos políticos, sindicatos y empresas -cuando se financien, mayoritariamente, con dinero público- se rijan por las normas de contratación aplicables a la Administración Pública de modo que se les apliquen los principios de publicidad y concurrencia.
En concreto, el Consejo de Ministros estudió ayer los informes a los Anteproyectos de Ley de Contratos del Sector Público y de Contratos en los sectores específicos del agua, la energía, los transportes y los servicios postales que prevén, que, "en determinadas circunstancias y supuestos", serán de aplicación a estas organizaciones.
De este modo, se pretende incorporar a nuestro ordenamiento el paquete de Directivas Comunitarias de Contratación Pública, integrado por un total de tres normas publicadas en marzo de 2014, con la idea, en palabras del Gobierno, de "lograr una mayor transparencia y competencia en la contratación y agilizar los procedimientos fomentando la utilización de medios telemáticos".
Así, tal y como señaló la vicepresidenta del Gobierno tras la celebración del Consejo, "la regulación de los contratos en el sector público evitará fraude en los contratos de la Administración".
Por otro lado, la reforma limita la responsabilidad patrimonial de la Administración en caso de que se resuelva una concesión por una causa imputable al contratista de modo que únicamente deberá asumir el valor de mercado de la infraestructura. La actual regulación establece que cuando se resuelve la concesión, por la causa que sea, la Administración debe abonar al concesionario todas las inversiones que ha realizado.
El Gobierno justifica esta decisión en que el nuevo régimen "incentivará que se produzca un cálculo riguroso de las inversiones necesarias en la concesión y una mejor gestión" en tanto que "el contratista no tendrá ya garantizada la recuperación de su inversión si la resolución le es imputable".
Favorecer a las pymes
Los anteproyectos, -que aún deben someterse a varios informes preceptivos antes de ser remitidos a las Cortes- introducen un incentivo para que los contratos se dividan en lotes, lo que favorecerá, a juicio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el acceso de las pymes a la contratación pública. Se defiende así, el método opuesto al actual, ya que, la normativa vigente exige, precisamente, que se motive y justifique la existencia de diversos lotes en un mismo contrato.
También se limita el uso de las entidades creadas por una Administración o su poder adjudicador para la realización de actividades que no debe someterse a un procedimiento de contratación. Se trata de los denominados medios propios que la nueva Ley pretende limitar aumentando "las exigencias para garantizar que su utilización está suficientemente justificada y no es un modo de eludir la publicidad y concurrencia características de la contratación pública".
Asimismo, se incorpora el uso de las denominadas declaraciones responsables. Se trata de un método que supone que el empresario manifiesta que cumple los requisitos para acceder a una licitación sin que sea necesario que presente documentación justificativa hasta el momento en que resulte adjudicatario del contrato.
Otra de las novedades pasaría, según explicó ayer Hacienda, por restringir el actual procedimiento negociado en tanto que no tiene publicidad, para así lograr "mayor transparencia". De este modo, se ha optado por eliminar el motivo de la pequeña cuantía del contrato dentro de los supuestos que permiten su utilización. Ahora bien, matiza el Gobierno que "para no perder las ventajas de agilidad que tiene este procedimiento" se crea el llamado Procedimiento Abierto Simplificado, con el que se llevarán a cabo contrataciones breves -de aproximadamente un mes- pero con obligación de publicarse en Internet.
Por último, la norma contempla un nuevo procedimiento denominado de asociación para la innovación para llevar a cabo la adjudicación de contratos en actividades de I+D en obras, servicios y productos que serán adquiridos por la Administración.
