Empresas podrán administrar infraestructuras actuales o futuras, aunque con limitaciones. Adif construirá nuevas vías en colaboración público-privada para ahorrar recursos públicos.
La voluntad de introducir al sector privado en el negocio ferroviario español podría ir mucho más allá de la apertura del Corredor de Levante de AVE a la competencia con Renfe que se haría efectiva en 2016. Según el anteproyecto de nueva ley ferroviaria, que el consejo de ministros aprobó el pasado 13 de marzo, "el Ministro de Fomento podrá asignar a una entidad pública o privada, en virtud de un contrato, las funciones propias del administrador de infraestructuras ferroviarias para la construcción y administración o sólo la administración de una infraestructura ferroviaria determinada que forme parte o vaya a formar parte de la Red Ferroviaria de Interés General".
Es decir, podrá haber 'Adif privados' en el futuro, lo cual supone un salto cualitativo respecto a lo conocido hasta ahora. Será el Consejo de Ministros, a propuesta de Fomento, quien apruebe la transmisión de los elementos de infraestructura a ese nuevo operador, transmisión que estará exenta de todo tipo de impuestos estatales, autonómicos o locales, especifica el documento.
Sin financiación estatal
Añadido a ello, el texto abre la puerta a la empresa privada en otro ámbito que hasta ahora le estaba vetado: el de la construcción y gestión de nuevas infraestructuras ferroviarias. Así, aparte de las aportaciones del Estado a Adif "acordes al ejercicio sostenible de sus funciones", "el Gobierno podrá acordar que las inversiones [previstas por Adif] puedan realizarse por medios distintos a la financiación estatal directa". En concreto, mediante el modelo público-privado.
Para que sean por primera vez en la historia ferroviaria española empresas privadas quienes sufraguen y gestionen infraestructuras será necesario, previamente y en cada caso, un informe vinculante del ministerio de Hacienda, que la concesión sea de 5 años mínimo y que la Intervención del Estado haga un informe de control financiero sobre la ejecución del contrato.
El anteproyecto está recibiendo alegaciones de las partes interesadas y la intención es enviar un nuevo texto al Consejo de Estado y, ya como proyecto de ley tras el dictamen de ese órgano, pueda ser aprobado en abril en Consejo de Ministros y remitirse al Parlamento. Así lo explicó la ministra de Fomento, Ana Pastor, el pasado día 13.
No obstante, la actividad de estos operadores privados que administrarían parte de la red actual o futura se limita en dos sentidos respecto a Adif u otro posible operador público que pueda existir. Primero, según el texto del anteproyecto al que ha tenido acceso elEconomista, esos administradores privados no podrán adjudicar capacidad de uso de la infraestructura a otras empresas que lo soliciten y tampoco podrán "celebrar acuerdos marco con ellas". En segundo lugar, no podrán determinar, modificar y actualizar los cánones por utilización de esas infraestructuras, ni cobrarlos, algo que queda bajo responsabilidad del ministerio de Fomento. Es decir, por las vías que gestionen los privados será el Estado quien decida qué trenes circulan y en qué condiciones.
Además, a Adif y Adif AVE -esta última, escisión de la primera creada en 2014- se le imponen condiciones económicas más estrictas. Primero, desde que se apruebe la ley y en un plazo de cinco años máximo "en circunstancias empresariales normales" tendrán que equilibrar sus ingresos -a través de todas las fuentes establecidas- con los gastos de mantenimiento de infraestructuras. En segundo lugar, el texto señala que donde el transporte ferroviario de viajeros sea competitivo con otros medios de transporte "el Gobierno podrá exigir a Adif que equilibre sus cuentas sin financiación estatal".
Servicio público vs competencia
Veto
La ley prevé vetar la entrada de un nuevo operador de transporte de viajeros en un trayecto total o parcialmente declarado como de servicio público si la llegada de ese competidor compromete la viabilidad del operador que ya trabaja en el trayecto.
Informes
Para impedir esa entrada, medida que protegería a la actual Renfe, será necesario un informe de la CNMC y la propuesta de negar la llegada de ese competidor deberá partir de Adif o Fomento.
Causas concretas
El anteproyecto señala tres circunstancias para sustentar la restricción: que comprometa el equilibrio económico del operador ya presente; afecte a su rentabilidad; o que "repercuta sensiblemente en la compensación de su financiación con fondos públicos".