"Es la línea roja que rompe nuestra relación con el Gobierno". Con esta rotundidad y contundencia se manifiesta un alto responsable de la patronal CEOE en referencia al proyecto de Real Decreto de Reforma de la Formación, para apostillar que "si se aprueba tal y como está, a partir de ese momento, que no cuenten con nosotros para nada".
El citado miembro de la cúpula de la patronal expresaba así el sentir de la organización empresarial, justo en una semana que puede ser clave para la firma del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva con los sindicatos.
"Si nosotros pagamos la formación a través de las cotizaciones a la Seguridad Social y somos también quienes mejor conocemos las necesidades y prioridades formativas de las empresas y los trabajadores, es inadmisible que ahora se ponga al frente de la formación al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) donde ni se conoce ni se han preocupado nunca", se argumenta desde CEOE, donde se responsabiliza también a la negligencia de las Administraciones Públicas de las actuaciones fraudulentas que se han dado con la formación.
"Nosotros sólo recibimos el 10% de los fondos para formación y el 90% restante lo gestiona el Gobierno, por lo que son las Administraciones las que tenían que haber controlado el destino de esos fondos", explican. Y, aunque reconoce que ha habido muchos casos de fraude en España resaltan también que "desde hace cinco o seis años es casi inexistente".
El proyecto de Real Decreto del Ministerio de Empleo excluye a los agentes sociales "de participar en la gestión de los fondos y en la impartición de la formación como lo hacían hasta la fecha, dejando este papel a las entidades que imparten formación profesional y desarrollarán esta tarea en un entorno más competitivo".
Una concurrencia libre a la que "no nos oponemos en la CEOE. Nosotros estamos a favor siempre de la competencia", pero queremos que esa concurrencia se desarrolle dentro de las máximas garantías, eficacia y calidad para el sistema". Condiciones que no garantiza el proyecto del Gobierno, en opinión de CEOE, que apuntan también que con él "nos alejamos del sistema que impera, con éxito, en la mayoría de los países de nuestro entorno".
La tolerancia cero contra el fraude y la transparencia del sistema de formación para el empleo son dos de los ejes básicos del Real Decreto-Ley para la Reforma Urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, que ya adelantó elEconomista ayer.
Con este objetivo, se confiere al Ministerio de Empleo y Seguridad Social la obligación de fijar módulos específicos para determinar el coste por participante y hora de la formación que sea objeto de financiación pública.
Estos módulos económicos serán específicos para las distintas especialidades formativas, "previo estudio de su adecuación a los precios de mercado" y serán objeto de actualización periódica.
Objetivo: evitar fraudes
