Los concursos públicos en nuestro país tienen en muchos casos un sobrecoste del 25% por la falta de concurrentes a los mismos, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que este lunes publicó un informe sobre la contratación pública en España, en el que alerta de prácticas irregulares en estos procedimientos. El regulador ha estimado en 47.500 millones de euros al año el coste generado por esta desviación al alza de los contratos.
"En España, a nivel agregado, esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB anual", asegura el informe. Hay que apuntar que Competencia ha tomado el porcentaje del 25% de desviación de otro informe publicado por la ONG Transparencia Internacional en el que se estima en este porcentaje el daño derivado de la presencia de casos de corrupción en la contratación pública, en los que por definición, la competencia queda descartada.
Según el superregulador, en la contratación pública confluyen circunstancias que la convierten "en un área relativamente más proclive a la existencia de prácticas irregulares desde el punto de vista de la competencia". Estas irregularidades vienen marcadas, según la CNMC, por las elevadas barreras de entrada, "como la exigencia de inversiones a realizar en concesiones públicas o los propios costes económicos, informacionales y jurídicos para participar en una licitación", advierte.
Además, el organismo avisa de la existencia de múltiples órganos de contratación "con heterogeneidad de procedimientos y complejas curvas de aprendizaje para los licitadores y la propia administración responsable".
Por todo ello, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considera necesaria mayor transparencia, publicidad y competencia en los procedimientos de contratación pública, con el fin de facilitar mayor control interno y la comparación de situaciones análogas. El organismo se inclina por desarrollar mejoras en el acceso a la información para los licitadores (motivación del procedimiento elegido, criterios de selección y valoración, etc).
Evaluación económica
La CNMC insiste en la necesidad de una evaluación económica por parte del propio órgano de contratación, ya que "no realizan, sino muy marginalmente, evaluaciones en términos de eficiencia económica del conjunto de decisiones que toman a lo largo del proceso de aprovisionamiento público", aseguran.
La CNMC sí reconoce no obstante la mejora que se ha producido en los últimos tiempos con la implantación de la normativa de transparencia y con la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
La obra pública se duplica