El Gobierno diseña en estos momentos un método para reestructurar la deuda autonómica pasada y futura de modo que se aligere el peso de su elevado montante al tiempo que se refuercen los controles sobre unas administraciones, las autonómicas, que aún tienen mucho camino por recorrer a la hora de embridar sus cuentas.
Moncloa estudia métodos para reestructurar el pasivo, que podrían concretarse en actuaciones sobre los vencimientos o algún tipo de rebaja. La estrategia sobre la que se trabaja principalmente es algún tipo de mutualización de la deuda autonómica a través del Tesoro.
También se baraja, siempre con condiciones, ayudar a las autonomías a conseguir la financiación en el mercado. Según fuentes oficiales consultadas por elEconomista, aún no está definido el método concreto con el que se abordará el creciente problema de la deuda autonómica. Lo que sí está claro es que tanto esta actuación como el resto de medidas que se están diseñando para las autonomías irán aparejadas a condiciones. Es decir, la vocación del Gobierno al brindar mayor liquidez a las autonomías es incrementar los controles. La adhesión a los mecanismos será optativa y siempre vinculada a requisitos.
La reestructuración de la deuda no será la única decisión sobre las autonomías que tomará el Gobierno antes de fin de año. El Ejecutivo de Mariano Rajoy diseña un paquete global de medidas para solventar los problemas de la deuda y las cuentas de las comunidades autónomas.
Durante el mes de diciembre se anunciarán nuevas ediciones de mecanismos de financiación ya conocidos, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), al que Extremadura ya ha manifestado su voluntad de unirse, así como instrumentos adicionales que faciliten liquidez a las comunidades autónomas para que puedan seguir cumpliendo con la senda de los ajustes que demanda Bruselas. Máxime cuando al menos siete autonomías ya incumplen la meta de déficit para este año y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal demanda del Gobierno la adopción de medidas para que se cumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
El FLA social
Entre los instrumentos del paquete de medidas se encuentra el FLA social, un mecanismo destinado a disciplinar los pagos de las comunidades autónomas a los ayuntamientos por servicios sociales que estos prestan por delegación de las CCAA. Las autonomías tendrán que abonarlos oportunamente. En caso contrario, verán detraídas las cantidades adeudadas a los municipios de los montantes de entregas a cuenta que el Estado ingresa a las autonomías. El objetivo del FLA social es reforzar la financiación para las áreas de sanidad, educación y los servicios ligados a la ley de Dependencia.
El FLA social ha suscitado disensiones entre departamentos ministeriales. Fuentes consultadas por este diario destacan que Economía apuesta por un mayor control por parte del Estado, mientras que Hacienda no es partidaria de esta suerte de recentralización.
El modelo no se ha reformado
El Gobierno arbitra este paquete de medidas para las autonomías, que anunciará durante este mes, para suplir las lagunas del sistema de financiación autonómico, habida cuenta de que éste aún no ha sido reformado y de que crece el descontento de las distintas regiones, que demandan una revisión integral del modelo.
Según La Vanguardia, el Ejecutivo debate sobre el devenir de los más de 80.000 millones de deuda de las comunidades autónomas con el Estado en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos, que informa directamente al Consejo de Ministros para la adopción de decisiones. No obstante, fuentes oficiales indican a elEconomista que aún no está definida la cifra sobre la que operaría el mecanismo de reestructuración de deuda autonómica. Lo que sí está claro es que la medida afectaría tanto a la deuda existente como a la deuda futura.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró en octubre que la deuda autonómica ya está siendo asumida por el Estado y añadió que no contemplaba una condonación porque implicaría que ello engrosase el déficit estatal, lo que suscitaría el inmediato rechazo de la UE.
No en vano, el Estado ya brinda liquidez con mecanismos como el Plan de Proveedores del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el FLA, amén de arbitrar acciones para rebajar la factura sanitaria sin mermar prestaciones, luchando por lograr mejores costes actuando como una gran central de compras. Medidas como la factura electrónica también se unen al entramado de acciones para elevar los controles y evitar problemas pasados como el de las famosas facturas en el cajón que el Gobierno popular se encontró a su llegada al poder.
El 'regalo' del Gobierno en deuda a las CCAA
