El juez Eloy Velasco, que investiga la 'Operación Púnica', ha acordado hoy el ingreso en prisión incondicional del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y del empresario Alejandro de Pedro Llorca, supuesto conseguidor de los contratos y empresarios. También ha dictado prisión eludible con una fianza de 300.000 euros para el dueño de la empresa Waiter Music, José Luis Huerta. Los tres han prestado declaración a lo largo de esta mañana. Descárguese aquí el auto completo en PDF | EN DIRECTO: Siga el avance de la operación Púnica
Por otra parte, han pagado las fianzas de 60.000 euros impuestas ayer para eludir la prisión los alcaldes de Parla, José María Fraile, y de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas, así como Antonio Cándido Ruiz García, que tenía que hacer frente a una fianza de 25.000 euros. El juez ha librado los correspondientes mandamientos de libertad a la prisión.
Todavía queda pendiente de pagar la fianza de 60.000 euros Antonio Borrego Fortea, jefe de gabinete del alcalde de Parla, que ayer también compareció ante el magistrado.
Delitos por los que se les acusa
Según el auto dictado esta mañana, en el que se ha dictado la prisión incondicional, el presidente de la Diputación de León habría puesto en marcha procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro "a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León". Además, dice el auto, Martínez "tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude".
Respecto de Alejandro de Pedro, Velasco le considera "cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo en mucha parte al de David Marjaliza". Asegura que la investigación ha permitido acreditar que presta servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, "por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto". Estos trabajos de reputación, dice el magistrado, "le abrirían la posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían la contratación en otros sectores para sí o para terceros, como sucede en Murcia, León y Madrid, incurriendo presuntamente en los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsificación documental , utilización de información confidencial y fraude".
La fiscalía podría solicitar prisión incondicional para Granados
El juez Velasco ha dictado este auto antes de parar a comer. Los interrogatorios se reanudarán a las 16:00 horas y todavía no está claro que Francisco Granados vaya a declarar hoy. Fuentes cercanas a la Audiencia han apuntando que ni si quiera ha sido trasladado esta mañana desde los calabozos de la Guardia Civil en Las Rozas. En este sentido, se espera que la Fiscalía Anticorrupción solicite prisión incondicional para Granados para evitar su posible fuga y para su socio, el empresario David Marjaliza.
La investigación apunta a que el ex numero dos de Esperanza Aguirre y Marjaliza son la cabeza de la trama creada para mediar entre los Ayuntamiento y las empresas para conseguir que se adjudicaran los contratos a cambio de unas comisiones de entre el 2% y el 3%. Los detenidos, entre los que se encuentran funcionarios, empresarios y cargos públicos municipales, están acusados de blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, cohecho, delito fiscal, prevaricación, fraude contra la administración, revelación de secretos, organización criminal y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
51 personas detenidas en la 'operación Púnica'
