El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado el ingreso en prisión eludible con fianza de 60.000 euros para el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE); su jefe de gabinete, Antonio Borrego; y el regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); y con una caución de 25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz, empleado del supuesto "conseguidor" David Marjaliza.
El magistrado ha adoptado estas medidas a petición de la fiscal Anticorrupción Carmen García y después de más de ocho horas de interrogatorios en los que ha tomado declaración a 12 de los 35 detenidos en la trama de amaño de contratos desarticulada con la operación Punica, de la que formaba parte el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados. Una filial de GDF-Suez, en el centro de la trama, multiplicó sus contratos con el fichaje del ex número dos de Ana Botella.
Velasco también ha dejado en libertad bajo fianza de 40.000 euros al alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, y al responsable de Obras Públicas de Parla, Avelino Pérez Pallarés, que tendrá que depositar 20.000 euros. Ambos tendrán diez días para abonar estas cuantías y evitar su ingreso en prisión.
Redes tejidas en torno a Granados
Las "redes clientelares de tráfico de influencias" desarticuladas en la operación Punica, constituidas en torno al exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Así consta en el auto dictado este miércoles por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que señala que Granados formaba parte de "una red de tráfico de influencias apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad de influencia actuando como conseguidores para terceras empresas a cambio de una comisión pactada".
La resolución judicial apunta que las "autoridades municipales" detenidas "se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contratos previos"
Hasta el jefe de informática
