La gestión autonómica de la sanidad se ha convertido en una fuente de tensiones y en un verdadero rompecabezas financiero. A falta de dinero y de mecanismos efectivos de cohesión, son los ciudadanos y las comunidades que más pacientes desplazados reciben de otras regiones los que salen perdiendo.
La factura de la sanidad madrileña por este concepto se disparó así hasta los 164 millones de euros en 2013, una vez sumados los gastos ocasionados en sus hospitales, urgencias, centros de atención primaria, transporte sanitario o por las recetas de otros servicios regionales de salud dispensadas en las farmacias madrileñas.
Un desembolso millonario y una razón de peso para que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, denegase recientemente y de forma tajante a su homólogo de Castilla-La Mancha la firma de un convenio bilateral para atender a los pacientes de esta región por falta de financiación: "Si no tienes para pagar más, opéralos tú", le espetó a José Ignacio Echániz.
La sanidad, en negativo
El problema es, según el Ejecutivo madrileño, que esta región "no paga" el coste de sus pacientes y la sanidad madrileña tiene un saldo negativo de 58 millones de euros por atender de forma programada en sus hospitales y centros de referencia a 254.000 desplazados de otras autonomías. Dinero que el Estado no abona ni a través de los presupuestos generales ni en la liquidación de los saldos entre regiones correspondiente al Fondo de Cohesión Sanitaria.
No es la única comunidad que presenta un balance desfavorable a la hora de cubrir la atención de pacientes de otras comunidades. El gasto anual de Cataluña por este motivo alcanza los 72 millones de euros, según datos de la Generalitat, importe que está muy lejos de compensar con la asistencia recibida por los usuarios de la tarjeta sanitaria catalana en otras comunidades o a través de los mecanismos de nivelación establecidos por el Ejecutivo que solo reconocen el pago de 15 millones de euros a cuenta del Fondo de Cohesión Sanitaria.
Así están las cosas en un Sistema Nacional de Salud fragmentado en 17 sistemas donde ni los instrumentos generales de cohesión y compensación de costes, ni los acuerdos bilaterales funcionan a la hora de liquidar los gastos en los que incurre cada servicio regional de salud por prestar atención sanitaria concertada a los pacientes de otras autonomías.
El Gobierno madrileño de Ignacio González apunta al Ministerio de Sanidad como garante de esta cohesión y de compensar los costes a cuenta de los presupuestos del Estado, tal y como recoge la última modificación incorporada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013.
El Gobierno eliminó así la dotación presupuestaria siempre deficitaria del Fondo de Cohesión Sanitario para convertirlo en un fondo extrapresupuestario ampliable que nivelaría los saldos positivos y negativos de las regiones que derivan con las que atienden a los pacientes desplazados a través de los recursos del sistema de financiación autonómica. Es decir, que es el Ministerio de Hacienda quien finalmente debe compensar, deducir o retener fondos según los saldos de cada región. Un mecanismo complejo y burocrático que a la vista está que no funciona.
El Ministerio de Sanidad que dirige Ana Mato se ha lavado las manos ante esta nueva polémica al asegurar que es el Instituto Nacional de Seguridad Social quien hace la compensación de gastos entre regiones a cuenta de los presupuestos del Estado del año pasado, por lo que no puede atender las peticiones de Madrid, ni tan siquiera facilitar los datos de la liquidación final que elEconomista ha reclamado, sin éxito, tanto a este departamento como al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El último dato disponible que tampoco han facilitado estos departamentos es el correspondiente a asistencias de 2011.
Por su parte, en el caso de la Comunidad Valenciana, los datos muestran un saldo neto final positivo de 1,13 millones de euros.
Lo cierto es que el Fondo de Cohesión Sanitaria siempre ha estado muy lejos de financiar los gastos ocasionados por los pacientes derivados entre regiones.
Este Fondo, que debe liquidar además los gastos ocasionados por los pacientes extranjeros o los de pacientes de zonas limítrofes, contó con una dotación final ampliada de 69,7 millones de euros en 2013, de los que 22,6 millones de euros correspondieron a la atención a extranjeros en estancias temporales. Un montante a todas luces insuficiente para satisfacer la reclamación financiera de una sola comunidad como Madrid.
Ni rastro de efectividad
A pesar de que el proceso de transferencias sanitarias a las regiones se completó en 2002, los gobiernos desde entonces no han desarrollado todavía instrumentos efectivos de cohesión.
En este sentido, conviene recordar que Sanidad abordará en el pleno informal del Consejo Interterritorial del SNS que se celebra esta semana en Santiago la puesta en marcha de la primera fase del Fondo de Garantía Asistencial (Foga), que debe cubrir los gastos autonómicos en recetas por parte de pacientes desplazados de otras autonomías, como es el caso de los turistas nacionales.
Sanidad calcula que el importe total alcanza los 240 millones de euros. Es el primer paso para atender más tarde también los costes generados en Atención Primaria a través de este fondo que, hasta la fecha, no se compensan.
En este capítulo, desde la Comunidad Valenciana señalan que los costes de la atención a pacientes desplazados con carácter temporal se irán compensándose poco a poco cuando funcione el Foga. No obstante, ahora los saldos entre regiones no están disponibles porque las comunidades no los han registrado todavía en sus sistemas de información, apuntan fuentes de la Consejería.