En unos días echará a andar el organismo que va a encargarse de fiscalizar las cuentas de las Administraciones Públicas. Esta institución ha puesto su punto de mira en el elevado nivel de deuda pública y en sus efectos indeseados sobre la economía.
Así, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, expresó ayer su preocupación, no solo por el nivel de nuestro pasivo -la deuda pública escaló en marzo hasta el 96,8% del PIB, según el Banco de España- sino también por el fuerte crecimiento que ha venido registrando en los últimos tiempos. Por este motivo, Escrivá dejó claro que el Gobierno debería establecer una senda factible para su reducción, que dé credibilidad al proceso.
En ese objetivo de plantearse una política fiscal a medio y largo plazo, Escrivá apostó por abandonar la discusión de la "décima arriba, décima abajo en el déficit", para poner el foco en la senda de reducción de ese agujero.
El hecho de que la Autoridad inicie sus trabajos a estas alturas del año -los trámites para su aprobación se fueron demorando- le impedirá elaborar este ejercicio dos de sus principales informes: el de valoración del Plan de Estabilidad y del cuadro macroeconómico -que la Autoridad debería haber emitido antes del pasado 15 de abril- y por otro, el documento en el que la Airef abordará el riesgo de incumplimiento de los objetivos de déficit y deuda comprometidos para 2014 por las tres administraciones y por la Seguridad Social. "Nuestro papel es ser neutrales en relación a todas las AAPP", insistió Escrivá, y añadió que se evaluará a todas de la misma forma.
Techo de gasto
Por otra parte, descartó que la Airef vaya a elaborar informe alguno sobre el techo de gasto aprobado ayer en el Senado, o sobre la reforma fiscal ideada por el Gobierno, salvo que alguno de los dos afectase al proceso presupuestario o al nivel de deuda pública. En realidad ambos están fuera de lo que la ley establece como su ámbito de fiscalización.
La tarea inminente que la Autoridad tiene por delante será la publicación del informe sobre los Planes Económico Financieros (PEF) de las seis autonomías que el año pasado incumplieron sus objetivos de déficit asimétricos (Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra). Será un documento no vinculante y, sin embargo, aquellos gobiernos que no adopten las recomendaciones de la institución deberán dar las oportunas explicaciones en público -como sucederá con el resto de Administraciones a las que sus informes hagan referencia-.
Cuando esté a pleno rendimiento, la Autoridad contará con un total de 70 trabajadores. Su presidente se elige por un periodo de seis años, sin posibilidad de renovación, lo que en su opinión, acentúa su independencia. La Airef cobrará por los estudios que elabore y fijará una tasa anual en función del presupuesto de cada Administración (los ayuntamientos incluidos serán aquellos cuyas cuentas superen los 200 millones de euros).
El Senado aprueba el techo de gasto
