
El Gobierno luso anunció hoy que vuelve a introducir un recorte de entre el 3,5 y el 10% en los salarios públicos superiores a 1.500 euros como medida para compensar uno de los ajustes anulados por el reciente veto del Tribunal Constitucional. Asimismo, Portugal renunciará al último tramo de ayuda del rescate.
Esta medida ya estuvo en vigor en Portugal durante los últimos tres años (2011, 2012 y 2013), aunque había sido sustituida en 2014 con rebajas similares pero dirigidas a una base de funcionarios más amplia, a todos aquellos con sueldos mensuales que sobrepasaran los 675 euros.
La decisión del Alto Tribunal de declarar ilegal este último ajuste, conocida a finales de mayo, llevó al Ejecutivo conservador liderado por Pedro Passos Coelho a recuperar un recorte que originalmente fue introducido por el anterior Gobierno, de signo socialista. En España, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciórecientemente una "progresiva recuperación" de la extra suprimida en 2012.
Renuncia el último tramo del rescate
Por otro lado, el Gobierno portugués anunció que renuncia a recibir los últimos fondos del rescate de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por no querer solicitar una extensión del programa de asistencia.
La ministra de Finanzas, Maria Luís Albuquerque, afirmó que el Ejecutivo "no va a solicitar una nueva extensión del programa y consecuentemente no puede recibir" el último tramo del préstamo de 78.000 millones de euros que Portugal recibe desde 2011.
Albuquerque explicó que la decisión se debe a la "incompatibilidad de calendarios", ya que los acreedores exigen al Gobierno luso que apruebe antes de que acabe el mes de junio todas las medidas para sustituir los recortes vetados recientemente por el Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo portugués consideró que no puede prever el impacto presupuestario de esos ajustes ilegalizados para esa fecha y, por tanto, necesitaría reabrir el programa de la "troika" para extender los plazos y presentar nuevas propuestas posteriormente.
"Tal reapertura se traduciría en una pérdida de credibilidad (de Portugal) que podría poner en causa los progresos conseguidos", sostuvo la titular de Finanzas en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado hoy. La decisión de no extender el programa pretende, además, "evitar una inestabilidad permanente" para el país en un momento de recuperación económica.
Este último tramo del rescate, de un valor próximo a los 2.600 millones de euros, corresponde a la duodécima y final evaluación de los organismos internacionales al programa, que fue superada con éxito a principios de mayo.
El Constitucional compromete el déficit
La decisión del Alto Tribunal, sin embargo, dejó en suspenso este aprobado a los progresos de Portugal por parte de los técnicos de la UE y el Fondo Monetario Internacional, ya que la anulación de varias medidas de ajuste comprometen el cumplimiento de sus objetivos de reducción de déficit.
El Gobierno luso comunicará hoy la decisión a los acreedores y "reafirmará" que está "totalmente comprometido" con el cumplimiento de sus metas de déficit, subrayó la ministra. Por ello, el Ejecutivo también anunció hoy que recupera los recortes de entre el 3,5 y el 10% para los salarios públicos superiores a 1.500 euros, lo que le permitirá compensar aunque parcialmente el impacto del veto del Constitucional.
Según Albuquerque, la financiación del Estado está "garantizada", ya que el Tesoro luso cuenta con un remanente financiero suficiente para afrontar un hipotético regreso de la "volatilidad" a los mercados.
Los intereses de la deuda portuguesa han bajado progresivamente desde principio de año y han alcanzado mínimos históricos en todos sus plazos. El alivio de la presión que ejercen los mercados ha permitido al Tesoro portugués superar con éxito sus últimas emisiones de deuda y garantizar hasta 2015 su financiación.
La primera subasta a diez años tras salir del rescate se produjo esta semana y sirvió al Tesoro luso para vender 975 millones de euros a cambio de un interés del 3,25 %, la tasa más baja registrada en una emisión de títulos a este plazo por lo menos desde 2005.