Se acerca la hora de la verdad para el Gobierno de Matteo Renzi. Tras tres meses de carrera hacia las elecciones europeas, el líder progresista y secretario del Partido Demócrata (que busca en las urnas el refrendo que todavía le falta) tendrá que hacer frente a su primer balance como presidente de Gobierno.
El punto más delicado será el diferencial entre las promesas y los logros de su Ejecutivo. No es que el joven líder no lo haya dado todo para respetar su agenda de reformas: es que Italia, a pesar de la renovada confianza de los inversores, es un país con una abultada deuda pública y un crecimiento muy bajo. Y la recuperación, que arranca despacio -los datos del primer trimestre señalan hasta una caída del 0,1%-, pone en vilo el respeto de los vínculos europeos sobre deuda y déficit.
Renzi, a través de su ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, ya ha conseguido aplazar un año el balance de cuentas previsto para 2015. Sin embargo, mientras el Gobierno utiliza los recursos de la reducción del gasto público para financiar la bajada de impuestos (80 euros al mes en la nomina de la clase media con el objetivo de estimular el consumo), habrá que encontrar otros recursos para reducir la deuda. El objetivo fijado por Europa parece casi imposible: Italia, cuya deuda se disparará hasta el 135% este año, tendría que llegar al 60% del PIB dentro de 20 años.
Ventas
Así que todo el esfuerzo del Gobierno italiano se está centrando en la venta de las joyas de familia: en el recién aprobado documento de economía y fianzas el Gabinete de Renzi promete recaudar este año 12.000 millones de euros gracias a las privatizaciones. Una cifra que sube hasta los 40.000 millones en cuatro años (0,7% del PIB) y que implica una aceleración con respeto a los planes del anterior gabinete de Enrico Letta, cuyo ministro de Economía, Fabrizio Saccomanni, había anunciado un plan de ventas equivalente al 0,5% del PIB.
Es decir, que Renzi busca recaudar 19.000 millones de euros adicionales hasta 2017. Es verdad que las mejoras de la Bolsa favorecen las cotizaciones de los grupos públicos italianos, pero el camino es muy estrecho, ya que cualquier obstáculo amenaza con echar a perder la dinámica de reducción de una deuda pública que en los últimos años no ha parado de crecer (en 2011 correspondía a tan solo el 120% del PIB).
El programa de privatizaciones es muy apretado: en junio Roma iniciará la salida a Bolsa del astillero Fincantieri, para ingresar casi 1.000 millones de euros, y para el otoño Padoan pretende vender una parte de Poste Italiane (los Correos transalpinos, que funcionan también como banco para miles de pensionistas), para ingresar otros 5.000 millones de euros. En fase de preparación está asimismo la venta de Sace (aseguradora para las exportaciones) y de las participaciones en las redes de energía de CDP, la caja postal italiana. Aunque sumando a todo esto los casi 1.000 millones que podrían llegar con la venta del 49% de Enav (la agencia que gestiona el trafico aéreo) y los recursos -que quedan todavía por definir- de la cesión de la alta velocidad de los ferrocarriles públicos, no hay modo para el Gobierno italiano de llegar a los 40.000 millones pactados con Bruselas.
Otro problema más es que, si es fácil vender Fincantieri -que además de ser el cuarto astillero del mundo lleva desde hace tiempo siendo gestionado como una empresa privada- más difícil será encontrar inversores para aquellas empresas que siguen teniendo estrechas relaciones con el Estado, como los Correos.
Las joyas de la corona
Por ello, la tentación de Renzi y Padoan sería recurrir a la venta de los verdaderos tesoros de familia, es decir, las participaciones del 30% que el Estado italiano sigue teniendo en los dos principales grupos energéticos del país: la eléctrica Enel y la petrolera Eni.
Las cuotas que podrían ser vendidas en Bolsa serían el 10% para cada grupo, con una recaudación de por lo menos 10 millones de euros (en el parqué milanés hoy Eni vale casi 70.000 millones y Enel unos 40.000) aunque Roma espera recaudar incluso más, a pesar de los últimos desplomes de la Bolsa de Milán.
El problema principal sería garantizar que el Estado italiano siga manteniendo el control de estos dos grupos, que se juzgan estratégicos. Debido a ello, se estudia poder introducir un sistema de acciones con poder de voto múltiple, para dar al Gobierno transalpino el veto en el consejo de administración de ambas empresas. Una medida que, sin embargo, tendrá que contar con la preceptiva aprobación de Bruselas.
En venta hasta una isla
