El Ministerio de Industria está decidido a dar un paso atrás en la liberalización del sector. El departamento que dirige José Manuel Soria suprimirá las subastas y los intermediarios financieros a la hora de fijar el componente de la energía del recibo y que supone el 40 por ciento del coste final.
Así lo anunció el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en una entrevista concedida a El País, donde explica que a partir de abril se tomará como referencia el precio del mercado mayorista (pool) durante el periodo facturado.
Cabe destacar que este mercado está siendo investigado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por los altos precios registrados el pasado mes de diciembre. También queda en el aire como se trasladará el precio medio de este mercado, ya que el Ministerio quiere quitar competencias al operador del mercado (OMIE), quien hasta ahora se encargaba de hacer las subastas.
El Gobierno suspendió la subasta celebrada el pasado 19 de diciembre al arrojar un incremento del recibo del 11 por ciento. Para determinar el precio durante el primer trimestre de 2014, Industria improvisó un mecanismo basado en la media del mercado de los últimos seis meses. Se trata de una solución "política y arbitraria" a juicio de las eléctricas y que no va en la dirección correcta para cumplir con la Directiva Europea de liberalización de los mercados energéticos. Además, Soria ha defendido en los últimos dos años el funcionamiento del mercado y de las subastas para decidir el precio de la electricidad.
La alternativa anunciada por Nadal tiene varios inconvenientes. El reconocimiento del precio medio del mercado diario sólo puede hacerse a posteriori, mediante una compensación a las eléctricas (o de éstas al sistema) en el trimestre siguiente por las diferencias entre el precio de mercado y el precio regulado inicialmente establecido.
Se trata de un esquema que no sería replicable por los comercializadores independientes y que, por tanto, no puede realizar ofertas más atractivas que las marcadas por el Gobierno. Se producirá así un parón en la liberalización de este sector que busca acabar con la tarifa regulada.
