Llueve sobre mojado en España en lo que a las cotizaciones sociales respecta. Las últimas subidas de los impuestos sobre el trabajo, coladas por el Gobierno aprovechando el cierre de año, sólo vienen a profundizar la posición que el país ya se ha ganado como uno de los miembros de toda la Unión Europea (UE) que más exige a sus empresarios en términos de contribución a la Seguridad Social. De hecho, los datos más recientes de la Comisión (publicados en 2013) muestran cómo la economía española es la cuarta, de entre las grandes de la Unión, en cuanto a la cuantía de sus cotizaciones sociales.
El pago de estas obligaciones por parte de los empresarios supone en nuestro país el 8,5% del PIB, un registro que sólo superan Finlandia (con el 8,9), Italia (9,2) y la líder indiscutible a la hora de gravar con decisión el trabajo: Francia, con el 11,5% de su producción total.
Sin llegar a los estándares del país vecino, lo cierto es que el nivel español es ya suficiente para dejar muy atrás todos los promedios a escala europea, tanto el 6,8 del PIB propio de la zona del euro (de 17 miembros) como los 6,5 y 6,4 por ciento que corresponden, respectivamente a la UE restringida a 25 componentes y la Unión extendida a 27.
A mayor distancia queda el magro 3,9% relativo al Reino Unido y también hay diferencia en relación al 6,7 de un país, cuyo mercado de trabajo continúa siendo una referencia para toda Europa en cuestiones laborales, como es Alemania.
La brecha entre estos últimos registros y los propios de España puede verse ensanchada este año merced a las alzas decididas el pasado 21 de diciembre.
Esa evolución resultará sumamente paradójica en un país cuyo Gobierno comunicó, hace poco más de un año, a Bruselas su intención de rebajar en un punto porcentual las cotizaciones que las empresas pagan en el Régimen General de la Seguridad Social.
Propuesta olvidada
Ese descenso habría supuesto, según los cálculos de la patronal CEOE, un ahorro para las empresas de 2.432 millones de euros. Con todo, llegaron los Presupuesto Generales del Estado para 2014 y, además de olvidarse de esa reducción, presentó un aumento del 5 por ciento de la base máxima de cotización.
Poco después, terminado el último Consejo de Ministros de 2013, quedó decidido que, en 2014, empresas y trabajadores tendrán que pagar a la Seguridad Social por conceptos que hasta ahora estaban exentos, como es el caso de los vales de comida, los servicios de guardería o los planes de pensiones acordados en la negociación colectiva, entre otros.
Autónomos con 10 empleados
Aprovechando la dispersión navideña también se coló un incremento del 22 por ciento en la cuota de cotización mínima para los autónomos que cuenten con, como mínimo, una decena de empleados.
Fue el último movimiento de un Gobierno que, de este modo, terminó de dejar claro que su manera de afrontar la delicada situación financiera que atraviesa la Seguridad Social se centra en exprimir los ingresos, aunque procedan de un mercado laboral aún convaleciente tras dos recesiones, y del que no se pueden esperar todavía una creación de empleo significativa. Tampoco ha importado al Ejecutivo que, con estas decisiones, esté poniendo palos en las ruedas de su propia política fiscal.
En efecto, con la subida del tipo general del IVA hasta el 21 por ciento, en vigor desde septiembre de 2012, pese a su impopularidad y sus perjuicios para el consumo, según la mayoría de los expertos podía haber sido beneficiosa para las empresas, sobre todo para las exportadoras, si se hubiera visto acompañada, en paralelo, de un descenso de las cotizaciones sociales, y de una bajada de los impuestos directos (Sociedades e IRPF).
Como una devaluación
No en vano, en un país que ha delegado su soberanía monetaria y no puede actuar sobre su tipo de cambio, la reducción de los costes sociales y de los impuestos directos a los que se enfrentan las empresas, combinado con un aumento de sus deducciones fiscales (dado que el IVA es deducible para los exportadores), arroja como consecuencia un efecto semejante a una devaluación de la moneda.
Sin embargo, la estrategia por la que se ha decantado el Gobierno hace que el aumento de las cotizaciones sociales se presente aislado, aun cuando el Ejecutivo lo vende como una manera de incrementar en paralelo la protección que el sistema de la Seguridad Social ofrece a los trabajadores.
Con todo, la elevada cota que los impuestos sobre el trabajo han alcanzado en España en los últimos años (llegaron a rozar el 9 por ciento del PIB en el año 2007, justo antes de la crisis), no ha salvado al sistema de la crisis estructural en la que se encuentra sumido, debida, sobre todo, al envejecimiento de la población y a la caída de la tasa de natalidad. La crisis sólo ha contribuido a agravar la situación, hasta el punto de que en 2012 la Seguridad Social registró el mayor déficit de su historia, equivalente al 1 por ciento del PIB. Los datos de 2013 todavía no están cerrados pero el agujero aún será de envergadura.
Las nuevas cotizaciones reducirán las nóminas
