
La independencia supondría una elevadísima factura para Cataluña. Por primera vez, un colectivo de empresarios extranjeros habló ayer abiertamente de las consecuencias que tendría una declaración de independencia unilateral por parte de la Generalitat. Duran amenaza a Rajoy con una "declaración unilateral de independencia" del Parlament.
El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, el catalán Jaume Malet, ha asegurado que esta situación implicaría una pérdida de empresas e inversiones estadounidenses. "Hay una preocupación muy grande por parte de la inversión extranjera en general y americana, que podría llevar a una deslocalización masiva de puestos de trabajo y de inversión", resaltó.
Cuestión de habitantes
Según Malet, uno de los responsables de que la nueva Administración americana se haya fijado en el modelo español de infraestructuras, las multinacionales están implantadas en Cataluña "para acceder a un mercado de 47 millones y no de siete millones".
El representante de las empresas norteamericanas también auguró "una inestabilidad política y económica" y recordó que "el dinero es cobarde y evita la inestabilidad política". "A nadie le interesa invertir en un mercado que se va a reducir y que tiene un futuro incierto", argumentó. A su juicio, la marca Cataluña no se diferencia de la marca España en el ámbito internacional, donde también se desconoce el proceso de Cataluña por el derecho a decidir.
Soria ve "normal" que las empresas se vayan
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, considera "normal" que "algunas corporaciones multinacionales" se planteen abandonar Cataluña en caso de que ésta se independizase, principalmente porque en la UE y en la Eurozona "no tendría ningún tipo de cabida" ese escenario.
En declaraciones a RNE, Soria ha asegurado que cuando habla con empresarios catalanes ninguno le transmite "esa preocupación" pero ha subrayado que los planteamientos soberanistas están teniendo "eco" en la prensa extranjera y, sobre todo, que la hipótesis de una Cataluña independiente no tendría cabida en la UE.
Lista de agravios
Por otro lado, ayer la Generalitat cifró en un total de 9.375,7 millones de euros las deudas pendientes que ha contraído el Gobierno en los últimos años con Cataluña. En el documento La deslealtad del Estado respecto a Cataluña. Balance de Situación, el Gobierno de Artur Mas señala las "deslealtades" o agravios de los que ha sido objeto Cataluña en los últimos años.
La multimillonaria cifra pendiente se desglosa en 5.748 millones de inversiones en infraestructuras no realizadas, otros 672,6 millones corresponden a reducción de ingresos finalistas procedentes del Estado, 1.715,2 millones a medidas estatales que suponen incrementos del gasto y 1.239,9 millones a medidas estatales que suponen un descenso de ingresos. El informe también critica el reparto del déficit y alerta del incumplimiento "sistemático" del principio de ordinalidad.
Según explicó ayer el portavoz del Gobierno catalán Francesc Homs, estos incumplimientos están detrás de parte del "sufrimiento" de los ciudadanos catalanes y vulneran su derecho a no ser "discriminados" por razón del territorio en el que viven, porque el Estado, a su juicio, no aporta los recursos que debería en ámbitos como infraestructuras, becas o servicios a la dependencia. El documento recoge sentencias del Tribunal Constitucional favorables a la Generalitat de las que, según el Ejecutivo catalán, el Gobierno "ha pasado olímpicamente". Homs ha puesto como ejemplo un fallo de 2001 sobre el traspaso de la gestión de las becas, que aún sigue sin materializarse. "Desde 2001 hasta ahora, [los catalanes] han dejado de recibir 120.000 becas", afirmó.
Homs alertó de que se han "cronificicado" (sic) las deslealtades del Gobierno, que se remontan a la presidencia de José María Aznar (1996-2004) y que han sido "corregidas y aumentadas" en los últimos años. La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra el Estatut, el rechazo de Rajoy al pacto fiscal y la declaración de soberanía del Parlament suspendida por el Constitucional, forman parte de unos agravios que no pueden cuantificarse.
El último agravio es la decisión del Gobierno de destinar a Cataluña 1.700 millones de euros menos de los solicitados al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para 2013, aseguró Homs. "Nos sentimos engañados. No es lo que nos habían dicho, y esto es lo que genera incertidumbre y daña la economía real", afirmó. En su opinión, el Estado lo que hace es "dejar en un gran interrogante a decenas de proveedores, detrás de los cuales hay trabajadores que quieren cobrar".
Montoro manipula
Esta reacción se produce después de que el Ministerio de Hacienda haya comunicado al Departamento de Economía que el plan de proveedores, para afrontar las facturas pendientes de la Administración autonómica, y el fondo de liquidez no son complementarios, por lo que las cantidades destinadas a pagar a proveedores se descontarán de la adhesión al FLA.
Homs considera que esta decisión afectará a la tesorería de la Generalitat y será imposible cumplir con la ley de Morosidad que fija en 30 días el plazo de pago que tienen las administraciones para abonar sus facturas a proveedores.
El portavoz también destacó que esos 1.700 millones del FLA que ahora se niega a la Generalitat es justamente la misma cifra de dinero que Cataluña logró del Ministerio de Hacienda al lograr hacer pasar el déficit de 2013 del 0,7 al 1,58 por ciento. Homs dejó entrever que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, maneja las cifras a sus antojo para evitar tener que acudir a los mercados de financiación. "Centrifuga los problemas de déficit del Estado hacia las comunidades autónomas", acusó el político catalán.
Artur Mas se defiende
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha destacado este miércoles que Cataluña es atractiva para la inversión extranjera, punto que la Generalitat tiene entre sus prioridades para seguir potenciándolo, pese al "ruido" sobre el futuro incierto de las inversiones en Cataluña si se independiza.
"Continuamos siendo atractivos", con ejemplos en la logística, los sectores industriales y el sector financiero -como la ampliación de capital de Banco Sabadell cubierta en septiembre incluyendo la entrada de inversores extranjeros-, entre otros, ha repasado.