La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado hoy que el Ministerio de Empleo presentará el próximo año una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) en la que "se reforzarán las medidas y consecuencias" derivadas de la no aceptación de ofertas adecuadas de empleo por parte de los desempleados y del cobro indebido de prestaciones. Ignacio González: "No podemos tener un sistema de desempleo donde se rechazan ofertas hasta agotar la prestación".
Sáenz de Santamaría ha recordado que, con la ley actual en la mano, un desempleado que rechace una oferta de empleo adecuada comete una infracción grave, sancionada con la suspensión de la prestación durante tres meses. Si rechaza dos ofertas, la suspensión dura seis meses, y si son tres las ofertas rechazadas, la prestación por desempleo se extingue.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha afirmado que la nueva LISOS "reforzará las consecuencias" que se derivan sobre el parado por rechazar ofertas adecuadas, al tiempo que ha destacado que Empleo está trabajando también en una nueva ley reguladora de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social.
Confusión con los datos
Sáenz de Santamaría ha respondido así al ser preguntada por si el Gobierno piensa acometer alguna reforma para combatir el fraude en el paro.
La vicepresidenta ha informado de que los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados a finales de junio de este año ascendían a 2.801.625, mientras que los existentes en enero de 2012 eran 3.012.045. En ese flujo constante de entradas y salidas a la prestación por desempleo transcurrido en ese año y medio, el Ejecutivo ha detectado 520.572 parados cobrando indebidamente la prestación.
Sin embargo, ese dato de medio millón de perceptores de paro de forma irregular es incorrecto, según ha explicado posteriormente el Ministerio de Empleo a El País. "Esa cifra corresponden en su gran mayoría a casos de personas a las que se les ha retirado la prestación un mes por problemas administrativos, como por ejemplo no acudir a una cita prevista o no tener alguna documentación", indica el diario.
El Ministerio de Empleo asegura que las personas que realmente han perdido su prestación en los últimos seis meses son 60.000. Y sólo una pequeña parte de ese número ha sido por fraude real, es decir, trabajar y cobrar el desempleo a la vez.
Prestaciones de paro: 2.463 millones al mes
