Busca el plácet de Montoro antes de lanzarse a cerrar un acuerdo con las constructoras. La deuda acumulada por estas infraestructuras en riesgo de quiebra alcanza los 3.700 millones.
Consciente de que ya apenas queda margen para la improvisación en la búsqueda de una solución que ponga fin al problema de las autopistas de peaje en riesgo de quiebra, el Ministerio de Fomento se ha puesto en contacto con los técnicos de Hacienda para que éstos verifiquen si la creación de una sociedad público-privada es posible en los términos propuestos por el departamento de Ana Pastor. En concreto, lo que quiere confirmar la ministra es si la constitución de esta nueva empresa tendría o no un impacto sobre el déficit.
"Antes de poder cerrar un acuerdo con las actuales concesionarias de estas autopistas y las constructoras es preciso que el Ministerio de Hacienda dé luz verde al proyecto", explica una fuente conocedora de la situación, la cual estima que en octubre podría alcanzarse un acuerdo si el departamento de Montoro no tumba la propuesta. Una posibilidad que, a priori, parece remota.
La fórmula de Fomento para evitar que la futura sociedad engorde el déficit del Estado y afecte a los objetivos marcados por el Gobierno en esta materia tiene como punto de partida que la nueva empresa genere ingresos suficientes al margen de las aportaciones públicas como para cubrir el 50 por ciento de sus gastos, incluidos los financieros y las amortizaciones.
Para garantizar esa facturación Pastor continúa estudiando la posibilidad de comenzar a cobrar por el uso de autovías. Un mecanismo que ayudaría a salvar las cuentas de la futura sociedad puesto que los tráficos de las autopistas de peaje en riesgo de quiebra apenas cubren los intereses de sus obligaciones financieras. En total, la deuda de estas autopistas de peaje asciende a más de 3.700 millones.
Batalla de porcentajes
Ya con la luz verde de Hacienda al plan pergeñado por Fomento, el departamento de Pastor entraría en la última fase de negociaciones con las constructoras (detrás de la mayoría de concesionarias), cuyos intereses están siendo defendidos por Seopan, la patronal de las grandes empresas del sector. Sin embargo, en este sentido aún habría algunas barreras que superar, especialmente la que hace referencia al porcentaje que el sector privado tendría en la nueva sociedad, valorada por el Gobierno en 608 millones.
Fuentes consultadas aclaran que ambas partes han acercado posturas en este aspecto, aunque aún no hay un acuerdo definitivo. Así, si en un principio Fomento no contemplaba conceder más de un 20 por ciento de la nueva empresa al capital privado, que a su vez reclamaba un 50 por ciento de la misma, ahora se estaría hablando de alrededor de 65 por ciento para el Estado a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seitt) y el resto para las empresas privadas.
Desde Seopan confirman que Fomento ha pedido la colaboración de Hacienda en este asunto, pero inciden en que por el momento no hay ningún acuerdo con el Ministerio sobre los porcentajes.
Sin tiempo
Su posición, en cualquier caso, se debilita con el paso del tiempo, ya que varias de las autopistas de peaje están al borde de la liquidación tras muchos meses en concurso de acreedores. Para aquellas empresas que decidan quedarse al margen de este proyecto y en el caso de encontrarse en situación de insolvencia, la banca podría ejecutar los créditos garantizados con las propias acciones de las concesionarias para quedarse con las carreteras y entregarlas más tarde al Ministerio de Fomento.
Eso sí, de llegarse a este extremo cabe recordar que las compañías concesionarias tienen acordadas con el departamento público cuentas de compensación para hacer frente a las caídas del tráfico, así como créditos participativos para el pago de expropiaciones.
Del mismo modo que Ana Pastor busca el visto bueno de Hacienda antes de seguir adelante con su plan, la ministra ya acordó con los bancos acreedores de estas autopistas la reestructuración de la deuda que asumiría la futura empresa, de 3.700 millones, para amortizarla en 30 años. Asimismo, tal y como recoge Cinco Días, la banca se habría comprometido a inyectar otros 1.200 millones de euros en esa sociedad para que pueda cumplir con los costes pendientes de expropiaciones.
El objetivo, después de todo, también pasa por salvar el modelo concesional de carreteras en España, en entredicho dentro y fuera de nuestras fronteras por los concursos de acreedores en que se han declarado seis de las diez autopistas en problemas: la R-3, R-5 y R-4 en Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda y la Cartagena-Vera.
Bajo mínimos el tráfico de las autopistas de peaje
