El Gobierno ha quitado hierro a la prórroga presupuestaria acordada por la Generalitat para este 2013 y ha defendido el reparto de déficit decidido para las comunidades autónomas, de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Desde el Ministerio de Hacienda han insistido en que "lo importante" es el cumplimiento del objetivo de déficit y que se "ha actuado conforme a la ley".
Fuentes del Gobierno español han indicado que la prórroga presupuestaria es una figura "perfectamente válida" en el ordenamiento jurídico español, por lo que han restado importancia a la decisión de la Generalitat de no presentar nuevas cuentas para el presente ejercicio.
Desde el Ejecutivo han querido subrayar además que "lo importante ahora es el cumplimiento de los objetivos de déficit", fijado en el 1,58% para este año para Cataluña, y que es gracias a esta medida que "estamos saliendo de la crisis".
Defensa del reparto a la carta
En cuanto a la amenaza de Artur Mas de llevar a los tribunales al Gobierno al considerar que el reparto del déficit aplicado a Cataluña es "ilegal", fuentes de Hacienda subrayaron que la Ley de Estabilidad Presupuestaria "es bastante clara", especialmente en sus artículos 15 y 16, en los que se indica que el Gobierno, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera, fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria para cada una de las comunidades autónomas.
En concreto, el artículo 16 de la norma señala que, aprobados por el Gobierno los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública en las condiciones establecidas en el artículo 15 de la Ley, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas formulará una propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de las comunidades autónomas.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, confirmó ayer que el Govern no elaborará nuevas cuentas para 2013 y prorrogará los presupuestos del año pasado hasta finales de este ejercicio. Además, anunció que ha autorizado a la Consellería de Economía a presentar un requerimiento contra el Estado para que modifique el objetivo de déficit para este año, paso previo a interponer un recurso contencioso administrativo.
Mas llevará al Gobierno a los tribunales
