Hacienda y las comunidades autónomas afrontan, a partir de las cuatro y media de la tarde, una reunión decisiva del último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) antes de las vacaciones de verano. Hoy conoceremos el objetivo de déficit "a la carta" que el Gobierno fijará para cada autonomía, con la complicada tarea de que, en conjunto, no superen este año el 1,3 por ciento exigido, dentro del 6,5 por ciento que Bruselas ha establecido para nuestro país.
De momento, Hacienda ha marcado una línea roja infranqueable: ninguna autonomía podrá superar el déficit con el que cerró el año pasado y, conscientes de la oposición que este sistema suscita, dentro incluso del PP, en el Ministerio no descartan presentar nuevos elementos que mejoren la tesorería y la financiación de quienes sí cumplieron.
Así, la votación de los déficit diferenciados arrojará un claro titular político, porque dará idea de hasta qué punto este tema ha podido abrir una brecha entre los barones del PP.
Fuentes del ministerio de Hacienda hacen hincapié en que nadie debe entender que va a salir de la crisis económica con más déficit, algo que sólo impedirá a las autonomías recuperar su credibilidad y dificultará aún más su financiación. Tampoco aceptan en el Ministerio que para defender esta posibilidad se aluda a las ineficiencias del sistema de financiación, en tanto que el Gobierno ya ha dejado clara su intención de cambiarlo.
Las mismas fuentes insisten en que en el caso de las comunidades del PP la reducción del déficit debe ser un axioma, por lo que si ese esfuerzo tiene un coste político, recalcan, los responsables autonómicos deberán asumirlo toda vez que los ciudadanos están exigiéndoles que acaben con la crisis.
Las quejas de los cumplidores
Madrid y Extremadura han liderado todo este tiempo la batalla contra los topes "a la carta". Ayer mismo, el presidente madrileño, Ignacio González advirtió de que se verían obligados a incumplir el límite que les imponga Hacienda, si no se les compensa por los 1.000 millones de euros que la región deja de percibir al año en virtud del actual modelo de financiación. En declaraciones a la cadena Ser, González advirtió de que la Comunidad exigirá hoy un déficit "común y fijo" para todas del 1,2 por ciento, salvo "alguna excepción justificada y transitoria", que no perjudique a las cumplidoras.
Es una tesis similar a la defendida por Extremadura, cuyo gobierno critica que este sistema se ponga en marcha después de haber exigido los mismos sacrificios al conjunto de las autonomías en 2012. Su presidente, José Antonio Monago denuncia que esta fórmula obliga al Estado a socorrer a las CCAA incumplidoras y detrae recursos que podría emplearse "para ejercer la solidaridad".
La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, defiende los esfuerzos que su región hizo en 2012 a causa de la recesión económica, y lamenta que el Gobierno se haya "tomado con excesiva calma" el reparto del objetivo del déficit, con lo que esto supone de cara a la elaboración de los presupuestos del 2014.
En contra del déficit asimétrico se ha manifestado, también, el Gobierno de Aragón, que pone el foco, precisamente, en la fijación del techo de gasto para 2014, clave para la elaboración de las próximas cuentas autonómicas y que también protagonizará la reunión de esta tarde.
Sin embargo, la cuestión de las asimetrías no entiende de colores políticos y una de sus principales detractoras es Asturias (gobernada por el PSOE), que los considera claramente discriminatorios y no entiende que una propuesta así pueda lanzarse desde Hacienda.
A este rechazo, Galicia suma la exigencia de que, si finalmente se aplican, obedezcan a "criterios objetivos", como la población, el PIB por habitante, los ingresos financieros y los ingresos corrientes.
Del mismo modo, el presidente canario, Paulino Rivero, no entendería un objetivo de déficit que no reconociera el sacrificio realizado hasta ahora y que no compensase a los ciudadanos de las autonomías que han soportado las mayores cargas de ajuste del gasto. Una idea, la del esfuerzo acometido los últimos años en el recorte del gasto, que también abandera Castilla-La Mancha, defensora de las asimetrías.
Incumplidoras, asimétricos
En esa misma línea, la Comunidad Valenciana y Murcia defienden que, como el modelo de financiación es asimétrico y les perjudica, el déficit también debe ser individualizado. El Ejecutivo de Alberto Fabra denuncia que, según los datos de liquidación del sistema de 2011, la Comunidad perdió 1.047 millones al no contar con una financiación equivalente a la media por habitante del conjunto de las regiones.
Baleares reclama un límite propio, en tanto que el punto de partida en el cumplimiento del déficit no es el mismo para todas las autonomías. El presidente balear, José Ramón Bauzá, recordó hace unos días que una décima de déficit en Baleares supone 26 millones de euros, mientras que esa misma décima en Extremadura supone 14 millones.
En la misma línea, Andalucía ha exigido para sí un déficit por encima de la media. La consejera del ramo, Carmen Martínez Aguayo, llegó a reclamar un tope del 2% que compensase los esfuerzos de su región, sería un tope similar al que pide Cataluña. Más tarde, lo rebajó al 1,7 y como mucho aceptaría reducirlo dos décimas más.
Cantabria es la única autonomía que, pese a haber cumplido el año pasado (con un déficit del 1,13, frente al límite del 1,5), ve razonable establecer topes "a la carta", que no considera una amenaza y sí un ejercicio de sentido común.
Cataluña se ha desmarcado y ha venido reclamando para sí un tercio del objetivo final que España tuviera este año. Así, Artur Mas, apuesta por un límite superior al 1,7%, lo más cerca posible del 2% y amenaza, incluso, con no aprobar las cuentas de este año si no recibe ese colchón, extremo sobre el que su gobierno se pronunciará el próximo 6 de agosto.
El déficit del Estado alcanza el 3.81% a junio
