El alza imparable de la deuda pública no sólo amenaza con emborronar las grandes cifras macroeconómicas que el Gobierno debe enviar para su examen a Bruselas, sino que está forzando a retrasar decisiones de inversión y de pagos, con la lógica lista de damnificados, entre los que se cuenta ya la mitad de las facturas pendientes de los proveedores que se han acogido al tercer plan de pagos puesto en marcha por el Gobierno. No en vano, el plan de proveedores se tiene que financiar con deuda, y dotarlo de la suficiente liquidez tumbaría la previsión del Gobierno para todo el año, en el 91,4% del PIB, frente al 89,6% con que cerró el mes de mayo.
Tal y como publicó elEconomista, este nuevo instrumento de liquidez ha dejado helados a los grandes proveedores privados, que deberán esperar al menos hasta 2014 para cobrar las facturas que les adeudan las Administraciones Públicas. La razón: los fondos del nuevo plan, 8.200 millones, no llegan ni para cubrir este año la mitad de las facturas pendientes -cifradas en unos 19.000 millones-, y además se relega al último turno de cobro a constructoras, contratas, prestadores de servicios o proveedores sanitarios.
Esta restricción de liquidez es una consecuencia directa de la pinza financiera que atenaza al Gobierno, forzado a recortar para rebajar el déficit al 6,5% este año y en graves apuros por el inusitado repunte de la deuda pública, que hasta mayo se sitúa ya en el 89,6% del PIB. Así lo vienen señalando los expertos e institutos de análisis, que alertan de un pasivo público que, según los datos del Banco de España, ha crecido más de 200.000 millones en el año y medio de legislatura de Mariano Rajoy: desde los 736.468 millones a finales de 2011 a los 937.334 millones acumulados hasta mayo. Es decir, 20 puntos de PIB, 14 de los cuales se sumaron en el ejercicio 2012.
Economía lo justifica
Según las cifras actualizadas ayer por la autoridad monetaria, sólo en mayo se acumularon 23.349 millones de deuda -más de dos puntos del PIB-. Un gran repunte que únicamente tiene parangón con los 30.025 millones que subió el pasivo en febrero y los 52.384 millones de incremento en diciembre de 2012. En esas ocasiones, las alzas se debieron al rescate bancario, ya que fue entonces cuando se realizaron los apuntes del dinero prestado por los socios europeos. ¿Cuál es la justificación para el nuevo récord de deuda pública en mayo? En una inusual nota de prensa, ya que Economía no suele comentar las actualizaciones mensuales del Banco de España, el Gobierno atribuyó ayer este incremento "a la variación mensual de 31.813 millones en el saldo de los valores a medio y largo plazo". Es decir, al importante volumen de emisión en mayo, con unos 10.000 millones del programa de subastas habitual del Tesoro, unos 7.000 millones del bono sindicado a 10 años, y varias emisiones de CCAA. En consecuencia, el Ejecutivo insiste en que el pasivo quedará en el 91,4% a fin de año.
Sin embargo, cunde el escepticismo ante las previsiones oficiales, toda vez que el Gobierno prevé gastar este año 38.660 millones de euros tan sólo para hacer frente al servicio de la deuda. Y es un escepticismo que llega hasta Bruselas, a tenor de un documento de trabajo publicado por la Comisión Europea hace menos de un mes, en el que señalaba que el déficit de España será la que crezca a mayor ritmo en toda la UE hasta 2016. Por no citar que el repunte de la deuda muestra además el negativo efecto del elevado déficit público.
Montoro: pagarán "a 30 días"
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, volvió a asegurar ayer que "a finales de año, todas las Administraciones Públicas pagarán a los proveedores en 30 días", que es, por otra parte, lo que exige a las AAPP la Directiva europea de lucha contra la morosidad, cuyo plazo de transposición concluyó en marzo. El ministro explicó que se abonarán facturas ya contabilizadas y reconocidas, por lo que no se va a aflorar más déficit. Por su parte, Rosa Aguilar reprochó también ayer a Montoro que "no diga toda la verdad de lo que guarda y esconde el mecanismo de pago a proveedores". La socialista aseguró que esta norma "está cargada de intencionalidad política e ideológica, que afecta al modelo de Estado centralista que quieren imponernos".
La deuda pública de España sube al 90%
