Como si le hubieran echado mal de ojo, la Ley de Emprendedores, el proyecto estrella del Gobierno para dinamizar la economía y el empleo, no acaba de arrancar.
Anunciada por el presidente Mariano Rajoy para el primer trimestre de 2012 no ha sido hasta año y medio después cuando se visó el anteproyecto. Y ahora, cuando desde Moncloa se había avanzado su aprobación en el Consejo de Ministros de ayer, la Comisión Delegada del Gobierno decidió el jueves retirarla del Orden del Día de la reunión del Gabinete. Los motivos, en círculos próximos al Ejecutivo apuntan dos fundamentales: los numerosos errores técnico-jurídicos en su redacción y la discrepancias entre los ministerios implicados.
A ello se añade, también, el demoledor dictamen del Consejo Económico y Social (CES), en el que se afirma, textualmente, que "la falta de rigor en la definición del objeto de la norma y del ámbito de aplicación explica la falta de coherencia sistemática del Anteproyecto, porque sus disposiciones normativas no están estructuradas".
En el caso de las tensiones interministeriales, hay ocho implicados, la mayoría se derivan de los "retoques a la baja" que en la Oficina Económica de Presidencia, (OEP) han hecho de las propuestas, lo que para muchos "impide que se cumplan las expectativas generadas",
Otros, como el Ministerio de Empleo, no la ven como "una ley propia", puesto que apenas han intervenido, salvo en lo referente a la rebaja de la cotización a la Seguridad Social para los autónomos en régimen de pluriactividad.
Mientras, en Economía se niegan en rotundo a tocar cualquier alternativa real de financiación para la pymes que puedan molestar a los bancos privados. "Los microcréditos están vedados", afirman responsables del Departamento cuando se les plantea el asunto.
Precisamente la financiación es otro de los mótivos de crítica al Anteproyecto de Ley que subraya el dictamen del CES, que "echa en falta la inclusión de disposiciones que, teniendo en cuenta el contexto actual de profunda crisis económica, se dirijan a paliar la restricción del crédito que sufren las empresas españolas".
Deficiencias en el IVA
Reclama expresamente el Consejo Económico y Social que se incluyan en la nueva norma "todos aquellos instrumentos que permiten mejorar el acceso al crédito y una mayor diversificación de las tradicionales fuentes de financiación. Medidas que impulsen los microcréditos, los fondos de capital semilla, los préstamos participativos o el refuerzo del papel de las Sociedades de Garantía Recíproca".
Tampoco la introducción del régimen especial del IVA de caja para las pequeñas empresas se salva del suspenso general del CES a la Ley de Emprendedores, porque aún considerando que su implantación "es oportuna" el dictamen advierte de que "se ha optado por una regulación muy restrictiva que obliga a las empresas acogidas al criterio de devengo normal que contraten con ellas a establecer mecanismos de control adicional."
Una complicación en la gestión del impuesto que eleva considerablemente los costes y, lo que es más importante, "conlleva renunciar a la devolución del IVA soportado con arreglo al criterio de devengo".
De otro modo, matiza el CES, "existiría un claro desincentivo para la contratación por parte de las grandes empresas con proveedores que operen con criterio de caja, lo que, a su vez, podría disuadir a las pequeñas empresas de optar por este régimen, haciendo ineficaz la nueva regulación".
Para este organismo de consulta y asesoramiento, el legislador podría haber optado por "reducir sensiblemente el plazo a partir del cual empresario puede proceder a la reducción de la base imponible por falta de cobro IVA repercutido, pasando de un año a seis meses, en el caso general, y de seis a tres meses, en el caso de las pymes", lográndose con ello el efecto pretendido de paliar los problemas de liquidez.
La Ley de Emprendedores es "confusa"
