Novedades en el Plan de Empleo de la Comunidad de Madrid. El gobierno de Ignacio González habría dado órdenes expresas a las cuatro oficinas de empleo 'en pruebas' de ofrecer las vacantes laborales solo a los parados más fáciles de recolocar, de 20 a 45 años y preferentemente con estudios superiores, y que estén cobrando la prestación, en detrimento de los desempleados de larga duración.
"Nos han llegado nuevas instrucciones. A nosotros ahora nos hacen sondear primero a la gente que cobra prestaciones, con lo que la gente que lo necesita más no está recibiendo la oferta", afirma una de las fuentes consultadas por la cadena SER.
Otro de los trabajadores entrevistados asegura que "solamente se está buscando entre ellos al colectivo entre 20 y 45 años con nivel académico mínimo de bachiller superior", considerado como el que puede reinsertarse en el mercado laboral con una mayor facilidad.
'Plan piloto'
Estas medidas forman parte del programa piloto que el Gobierno regional presentó el pasado mes de febrero en el marco de su Plan de Empleo y solo se está aplicando por ahora en cuatro de ellas (Azca, Getafe II, Legazpi y San Sebastián de los Reyes). Según recoge la SER, si este criterio de selección funciona pasará a emplearse en el resto de oficinas de la red de la Comunidad de Madrid, integrada por 42 oficinas, de las cuales 19 pertenecen al municipio de Madrid, y 23 se distribuyen en el resto del territorio de la región madrileña.
Este enfoque difiere del que se anunció hace tres meses, cuando se incidía también en concentrarse en el colectivo de jóvenes parados, pero poniendo el acento sobre la creación de puestos de trabajo. En este sentido, Ignacio González avanzó incluso la puesta en marcha de una "unidad de prospección" encargada de captar ofertas de empleo en las empresas de las zonas cercanas a las oficinas.
Además, los trabajadores de las oficinas de empleo citados explican que "por primera vez" se les está obligando a alcanzar un cupo mínimo de sanciones impuestas a los parados. Estas pueden estar motivadas por no sellar a tiempo la renovación del subsidio, no presentarse ante un requerimiento de la oficina o rechazar una oferta de empleo, por ejemplo. "A cada sancionado le quitas un mes de prestación", aseguran las fuentes, lo que equivaldría a una primera infracción leve.
Desde la Consejería de empleo han declarado que se trata de un criterio experimental y que no implica desatender al resto de los parados. Por su parte, el Ministerio de Empleo ha negado a la emisora del grupo Prisa haber dado instrucciones a las autonomías para que tomen este tipo de medidas y recuerda que las CCAA tienen transferidas este tipo de competencias.
Ignacio González presenta su plan de empleo
