El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha avanzado que el cambio en el sistema de cotizaciones en el trabajo a tiempo parcial, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba nulo el actual, podría suponer un coste anual de 1.900 millones para el sistema. La justicia europea dictamina que la ley española de pensiones es deiscriminatoria.
En comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, Burgos ha indicado que, a la espera de que fruto del diálogo social se disponga de un nuevo sistema más justo y equitativo, se aplicará uno transitorio en el que se contabilizará un día cotizado por un día trabajado.
Reclamaciones con retroactividad
En su opinión, este sistema dará lugar inevitablemente a ciertas situaciones de desigualdad y conllevará un coste de 1.500 millones de euros derivado de cuantías reclamadas y reconocidas con efecto retroactivo desde 1995, siempre y cuando los jueces aplicaran este mismo criterio en los casos en los que los trabajadores acudan a los tribunales, si bien Burgos ha precisado que se prevé cierta disparidad en los criterios.
El secretario de Estado de Seguridad Social ha adelantado que la situación que se plantea es "compleja" por la "inseguridad jurídica" que genera, por lo que ha considerado que urge una solución definitiva. Por ello, esta tarde tendrá lugar una nueva reunión con los agentes sociales para abordar estas cuestiones.
La preocupación del Ejecutivo ha llevado, según indicó Burgos, a abrir un proceso de diálogo social y político para acordar una solución a este asunto, que "adecuando los niveles de protección del tiempo parcial no incluya despropósitos que terminen por desajustar completamente el sistema, abriendo nuevas discriminaciones y dejando en nada los principios de contributividad y equidad básicos" para un sistema como el español.
Según Burgos, el acuerdo debería permitir además dar cobertura adecuada a todas las personas que realizan una actividad laboral o profesional; dotar de mayores niveles de sostenibilidad y viabilidad al sistema de prestaciones económicas; y evitar situaciones fraudulentas o irregulares, así como la desincentivación de la cotización al sistema de la Seguridad Social.
El Gobierno estudia cambios tras las sentencias
