El Gobierno español debería "tomar nota" del "varapalo" que ha dado el Tribunal Constitucional de Portugal al Ejecutivo del país, al obligarle a devolver la paga extra a los empleados públicos, según el PSOE.
de declarar ilegal el recorte de las pagas extraordinarias,
"Rajoy debería tomar nota del varapalo del tribunal portugués a su Gobierno", destacó la secretaria de Igualdad socialista, Purificación Causapié, que afirmó que este tipo de medidas y de recortes "rompen con el derecho de igualdad" de los trabajadores.
Además, aseguró que en España, como en Portugal, se está optando por políticas que hacen que los trabajadores pierdan derechos cada día, por lo que abogó por que el Gobierno estudie y reflexione sobre lo que está pasando y "tome cartas en el asunto".
El Constitucional portugués ha declarado ilegal los recortes en las pagas extra a funcionarios y pensionistas y el nuevo impuesto sobre los subsidios de salud y desempleo, lo que deja al Gobierno sin unas medidas de ahorro que equivalían a más de mil millones de euros.
Aplauso del sindicato de Funcionarios
Por su parte, el sindicato de Funcionarios (CSI-F) ha mostrado su satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional de Portugal y ha pedido al Gobierno español que devuelva la paga extraordinaria "confiscada" a los empleados públicos en diciembre.
CSI-F ha mostrado su satisfacción por esta sentencia "desde la confianza en que los tribunales españoles también darán la razón a los empleados públicos en las diferentes reclamaciones presentadas".
En buena parte, ha añadido, los argumentos presentados por los sindicatos españoles están recogidos en la sentencia del Tribunal portugués, ya que la retirada de la paga extraordinaria "vulnera el principio de igualdad a la hora de afrontar los sacrificios en las medidas adoptadas para la salida de la crisis, como ha ocurrido en España".
Por último, ha manifestado que "atendiendo a las razones de los sindicatos, la Audiencia Nacional ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad contra el decreto de recortes del Gobierno, en este caso, porque las medidas aplicadas por el Ejecutivo vulneran las garantías constitucionales que impiden aplicar una norma con carácter retroactivo y confiscatorio".
El TC de Portugal ilegaliza varias medidas de ajuste
