Se debería haber evitado caer en el mismo error: crear empleo juvenil con subsidios.
Durante 2012 se destruyeron 850.000 empleos, y al final del año la tasa de paro alcanzó el 26 por ciento de la población activa. Ante esta evolución tan catastrófica, que no sólo no ha mostrado una mejora con respecto al año 2011 sino que supone un empeoramiento, se ha convertido rápidamente en un lugar común decir que la reforma laboral de 2012 ha fracasado. Creo que es una conclusión precipitada: ni sí ni no, sino todo lo contrario. En otras palabras, evaluar la reforma laboral de forma mínimamente rigurosa no es posible aún.
Dado que las variables económicas tienen mucha inercia, ha pasado aún demasiado poco tiempo para esa evaluación -la reforma data de febrero y se alteró en parte en julio de 2012-, máxime cuando todavía se están manifestando efectos de las reformas de 2010 y 2011. En segundo lugar, hubo muchos cambios a la vez: se bajó el coste del despido, se modificó la regulación de la negociación colectiva y, fuera de la propia reforma, se redujo la generosidad de las prestaciones por desempleo. Todos estos cambios se afectan mutuamente y algunos tienen efectos contrapuestos, por ejemplo sobre el empleo.
Otra razón de peso es la gran dificultad de evaluar cualquier medida si otras variables importantes están cambiando a la vez y, de hecho, el contexto económico global empeoró bastante el año pasado. Para comprobarlo basta con ver algunos datos. A finales de 2011 el PIB de la zona euro crecía a una tasa interanual del 0,6 por ciento, mientras que a finales de 2012 caía al 0,9 por ciento. Por las dudas sobre la viabilidad del euro, el tipo de interés a 10 años de la deuda pública española, que también afecta a la financiación empresarial, subió del 4,9 por ciento hace un año al 6,8 por ciento en julio, aunque acabó cerrando el año al 4,7 por ciento. El crédito concedido por las entidades financieras a las sociedades no financieras caía en diciembre pasado a un increíble 8 por ciento interanual, el doble que un año antes. Todos estos cambios perjudican a la inversión y la creación de empleo. Por ello, las expectativas de los empresarios y los consumidores empeoraron mucho. Así, el indicador de sentimiento económico (sic) que elabora la Unión Europea -incorporando opiniones sobre la situación actual y la futura- había caído a finales de 2012 algo más del 5 por ciento con respecto a 2011, tanto en España como en la zona euro.
Aunque el PIB y el empleo agregados se determinan conjuntamente, por lo que no existe una causalidad unidireccional del PIB al empleo, ningún país del mundo crea empleo neto con el PIB cayendo a una tasa interanual del 1,9 por ciento, como sucedía en España a finales de 2012. Pero tampoco destruiría empleo a una tasa tan exagerada como el 4,8 por ciento con esa tasa de caída del PIB. ¿Qué efecto puede haber tenido la reforma en este aspecto?
Para empezar, recordemos que entre el primer trimestre de 2012 -último previo a la reforma- y el cuarto, el 39 por ciento del empleo destruido ha sido público, algo nunca visto antes. Pero dos tercios de esos empleos fueron temporales, que se destruyen simplemente no renovando los contratos, así que en esta área podrían adjudicársele a la reforma, como mucho, los 65.700 empleos indefinidos públicos destruidos en esos tres trimestres, un 13,5 por ciento del empleo asalariado desaparecido.
En cuanto al sector privado, ¿se destruye más o menos empleo para la misma variación de la producción que antes de la reforma? Para saberlo necesitamos un indicador de actividad del sector privado, construido a partir de los datos del valor añadido bruto por rama de actividad de la contabilidad nacional.
El gráfico muestra la evolución del PIB por empleado del sector privado, es decir, la productividad del trabajo en tasa interanual (línea continua). Se observa que empezó a crecer en 2008, alcanzó valores del 4 por ciento interanual y se desaceleró en 2012. Como la variación de la productividad del trabajo no es más que la inversa de la variación del empleo por unidad de producto (o "intensidad de empleo de la producción"), la caída de 2012 podría interpretarse como una señal de que la reforma laboral está ayudando a conservar empleo.
Sin embargo, la caída de la tasa de crecimiento de la productividad en 2012 se debe a una alentadora recuperación del empleo autónomo. El gráfico también muestra cuál habría sido el aumento de la productividad del trabajo en caso de que todo el empleo privado, asalariado y no asalariado, se hubiera comportado como el asalariado (línea discontinua). La evolución durante 2012 habría sido muy distinta: se habría mantenido plana alrededor del 4 por ciento.
Entonces, la tasa de destrucción de empleo privado asalariado por unidad de variación del PIB privado es mayor que en otros momentos de la crisis, pero el aumento que venía experimentando esa tasa de destrucción se ha parado, un poco antes de la aprobación de la reforma laboral. Esta evolución dependerá de cambios en la composición sectorial del empleo (por ejemplo, el menor peso de la construcción) y de otros factores. También podría ser el resultado neto de dos efectos contrapuestos. Por un lado, la reducción de los costes de despido tiende a acelerar la destrucción de empleo en contextos recesivos y, por otro, la mayor flexibilidad interna (con reasignación de tareas entre empleados y métodos más eficientes de producción) y la moderación salarial que ha fomentado la reforma tienden a contribuir al mantenimiento del empleo.
En ausencia de un análisis riguroso nos movemos en el campo de las especulaciones, y no caben interpretaciones causales. Pero, como mínimo, tampoco cabe echarle la culpa a la reforma laboral de la destrucción de empleo; probablemente sea más correcto mirar al contexto tan recesivo que sufrimos (a su vez agravado por la destrucción de empleo) y al, a mi juicio, excesivo ritmo de reducción del déficit público en curso, con sus efectos sobre el empleo público y sobre la actividad económica.
Creo que la reforma de 2012 deberá analizarse sobre todo por los efectos que tenga su parte más importante, la modificación de la regulación de la negociación colectiva. Sin embargo, estos tardarán más en verse, porque afectan a unas estructuras de negociación asentadas durante tres décadas, que ahora necesitan cambios estructurales y, en un plano más mecánico, porque los convenios colectivos son plurianuales. También porque la reforma recortó la ultraactividad de los convenios (vigencia posterior a su expiración) de indefinida a un año de duración. Esto ha provocado que casi el 40 por ciento de los trabajadores tengan sus convenios vencidos en 2012 aún sin renovar, probablemente porque los representantes de los empresarios estén esperando a que transcurra ese año extra de vigencia para negociar desde una posición más fuerte. Éste asunto es capital y se irá viendo en los próximos meses.
Obsérvese que no afirmo que la reforma haya sido, hasta ahora, positiva o negativa, sino que no lo sabemos aún. En todo caso, esto no significa que no se pudiera mejorar la regulación del despido o de la negociación colectiva, ni que nos debamos quedar cruzados de brazos en otras áreas. Sí se debería haber evitado caer en el error de siempre: fomentar el empleo juvenil con subsidios a los contratos temporales; habría que hacer lo contrario, atajar la temporalidad, que tan nefastas consecuencias tiene sobre nuestra economía. También habría que reformar las políticas activas de empleo y ligar la percepción de prestaciones por desempleo a estas políticas. Pero para todo esto hay oídos sordos.
Transitoria y corta reforma laboral
