El Tribunal Constitucional ha decidido suspender la aplicación del euro por receta que la Comunidad de Madrid comenzó a aplicar el pasado 1 de enero. De esta forma, el Alto Tribunal admite a trámite el recurso presentado por el Gobierno central y deja en suspenso el cobro del gravamen mientras estudia su inconstitucionalidad, tal y como hizo el pasado día 15 en relación con la misma medida en Cataluña.
Según el artículo 161 de la Constitución, el Gobierno puede impugnar ante el TC decisiones de comunidades autónomas. La suspensión cautelar de la tasa tendrá efecto mientras resuelve el fondo del conflicto jurídico, lo que se traduce en su suspensión durante cinco meses. Transcurrido este tiempo, el tribunal de garantías debe resolver si prorroga la medida cautelar o la levanta.
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría informó el pasado 11 de enero sobre la previsión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de recurrir esta tasa al entender que "vulnera el principio de igualdad" de los ciudadanos y se "grava un acto médico".
Entre los motivos, "los mismos que en el recurso frente al euro por receta adoptado por la Generalitat", el Gobierno "considera que se grava la prestación de un servicio del Sistema Nacional de Salud (SNS), a través de la prestación farmacéutica".
Madrid acatará
Por su parte, el Gobierno madrileño ha asegurado que cursará hoy mismo las instrucciones para que las farmacias dejen de cobrar por receta expendida. Así lo ha explicado el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, minutos antes de conocer la decisión del TC.
"Si el Tribunal Constitucional hoy dicta esa resolución, de manera inmediata, hoy mismo, cursaremos instrucciones dejando en suspenso el cobro del euro por receta", ha señalado el dirigente autonómico.
Preguntado sobre si existe alguna alternativa para recaudar el dinero que dejará de ingresar Madrid, González ha indicado que se iniciarán las "gestiones" necesarias para "conseguir el equilibrio presupuestario". "(Hay que) ver cómo evolucionan los ingresos y los gastos e ir tomando medidas", ha concluido el jefe del Ejecutivo madrileño.
Cataluña presentará alegaciones
El pasado 15 de enero, el Tribunal anunció la suspensión durante al menos cinco meses, durante los cuales debe resolver si prorroga la medida cautelar mientras sigue estudiando la validez de la medida o bien la levanta.
Desde la Generalitat ya han advertido de que el Parlamento catalán presentará alegaciones contra la decisión judicial que paraliza la tasa sanitaria que Cataluña llevaba cobrando desde junio de 2012.
Según informaban recientemente fuentes parlamentarias, el gobierno regional también se ha acordado presentar alegaciones contra otras dos tasas que el TC suspendió temporalmente: la judicial y el impuesto que grava los depósitos bancarios.
Madrid acatará lo que diga el Constitucional
