El Gobierno ha acordado en el Consejo de Ministros recurrir ante el Tribunal Constitucional el euro por receta de la Comunidad de Madrid, al entender que "vulnera el principio de igualdad" de los ciudadanos y se "grava un acto médico".
Según ha informado Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo, de este modo el Gobierno pretende hacer un "ejercicio de coherencia" teniendo en cuenta que anteriormente ha recurrido esta misma medida de la Generalitat de Cataluña.
"La medida afecta a las condiciones de igualdad de los ciudadanos y grava la prestación de un servicio", ha explicado la vicepresidenta, tras añadir que las autonomías no tienen competencias para aplicar esta medida pese a tener transferidas las competencias sanitarias. "Son los mismos motivos que para Cataluña", ha puntualizado la vicepresidenta.
La decisión del Gobierno contra una comunidad también gobernada por el PP se produce poco después de que el Partido Socialista presentara su propio recurso ante el Constitucional, firmado por 50 senadores, contra el euro por receta en Madrid.
Medidas sanitarias polémicas
El euro por receta, que tiene un límite máximo para el usuario de 72 euros al año, se ha sumado a un incremento del precio de los medicamentos para el usuario en el último año, en lo que algunos califican un "copago" y otros un "repago", en una batalla política que ha puesto de manifiesto discrepancias dentro del Partido Popular en el poder.
Las medidas de austeridad que la Comunidad de Madrid (CAM) está aplicando en la sanidad pública también ha provocado una oleada de protestas, huelgas y movilizaciones del personal sanitario conocida como 'marea blanca' desde hace más de dos meses.
Impuesto bancario
Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros también ha acordado recurrir al Tribunal Constitucional el impuesto sobre depósitos bancarios aprobado por el Gobierno asturiano, al igual que hizo con idéntico impuesto aprobado por la Generalitat de Cataluña.
Soraya Sáenz de Santamaría ha recordado que al decidir recurrir contra el tributo catalán ya advirtió al Principado de Asturias, que entonces trabajaba en una medida similar. Lo que era una posibilidad "se ha consumado", ha dicho Sáenz de Santamaría, y el Gobierno acude a los tribunales.
Entre los argumentos, la portavoz ha recordado que la aprobado de este impuesto para el conjunto del territorio nacional a finales del año pasado reserva ahora al Estado la competencia sobre el mismo. Además, el Principado ha aprobado el tributo en su ley de Presupuestos para 2013, lo que no está permitido, y ha introducido además efectos retroactivos al último periodo de 2012.