La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ha mostrado hoy "seriamente preocupada" porque en España ninguna de las investigaciones por sobornos en el extranjero haya prosperado.
Además, se ha mostrado "especialmente alarmada" porque en casi 13 años de vigencia del delito de corrupción de funcionarios extranjeros sólo se hayan abierto pesquisas por siete casos y todos ellos hayan sido archivados sin consecuencias. El organismo ha advertido de que tomará medidas si antes de fin de año no hay una corrección.
El jefe de la división contra la corrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Patrick Moulette, ha calificado de "bastante crítico" el tono del informe del grupo de trabajo sobre España.
"Hay dos razones principales, la primera una falta de resultados concretos" porque en casi 13 años de vigencia del delito de corrupción de funcionarios extranjeros, sólo ha habido siete investigaciones, y todas se han archivado sin condenas ni sanciones, ha explicado Moulette a Efe. A estas conclusiones llegó un grupo de expertos, que realizó una visita a Madrid del 3 al 5 de julio pasado.
La primera de esas siete se inició en marzo de 2006 y, como las que se tramitaron a continuación, todas se habían archivado cuando los delegados del grupo de trabajo llegaron a España en julio, sin que hubiera ningún procedimiento contra nadie, y pese a que se había identificado a 16 personas sospechosas en tres de esos casos.
Esos expedientes se referían a pesquisas por sobornos de empresas españolas en Costa Rica, Libia, Angola, Marruecos, Letonia, por exportaciones de material militar o por violación del programa de la ONU con el Irak de Sadam Husein que canjeaba petróleo por alimentos.
La OCDE se quejó de que no se hubieran incluido junto a esa lista de siete investigaciones otras alegaciones de sobornos conocidas para las que no fue competente la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Relacionados con la Corrupción (APCO).
Aludió en concreto a la publicación en la prensa de supuestos sobornos de funcionarios panameños en febrero de 2010 por parte de una empresa, un asunto que -según la respuesta que dieron las autoridades españolas- no se transmitió a la APCO porque no se había identificado a ninguna persona.
Igualmente se refirió a una demanda de extradición en 2005 por parte de El Salvador de un ciudadano español reclamado por soborno, de la que tampoco fue competente la fiscalía especial.
El grupo de trabajo tiene constancia de otros tres casos de sobornos de funcionarios extranjeros por parte de empresas españolas que no fueron objeto de ninguna investigación en España, pero de las que no dio ningún otro detalle.
Comparación con otros países
Del mismo modo, ha recordado que frente a la ausencia de toda sanción en España, hay otros miembros del grupo de trabajo donde el dispositivo sí ha tenido consecuencias, y ha aludido a 90 condenas en Estados Unidos, una quincena en Alemania o una decena en Italia.
Un segundo punto débil es que "la ley española no es conforme con el convenio de la OCDE" y ha aludido al hecho de que el Código Penal contempla dos delitos, uno específicamente dirigido a castigar a los que sobornan a funcionarios europeos.
Ha precisado, igualmente, que la legislación de 2010 fija la responsabilidad de las personas por ese tipo de comportamientos, pero quedan excluidas las empresas de titularidad pública.
¿Falta de voluntad?
Preguntado por una falta de voluntad de las autoridades españolas en luchar contra esas prácticas delictivas, el jefe de la división contra la corrupción dijo que "es difícil responder. El nuestro es un trabajo técnico".
Moulette ha especulado sobre el hecho de que el aparato judicial tal vez esté más centrado en el fenómeno de la corrupción interna o que quizás el convenio de la OCDE sobre los sobornos no sea suficientemente conocido.
En cualquier caso, Moulette ha recordado que el grupo de trabajo ha dado de plazo a España hasta diciembre para que lleve a cabo una serie de reformas y le presente un informe de auto-evaluación.
En caso de que las medidas tomadas por España no le satisfagan, se hará un examen suplementario, lo que "sería muy embarazoso para España" puesto que -destacó- se trata de un procedimiento "muy inhabitual", aplicado a unos pocos países como Grecia o Suecia.
¿Otro año marcado por la corrupción?
