Las empresas públicas de la Administración central cerraron septiembre con un volumen de endeudamiento de 34.749 millones de euros, lo que significa que no sólo no han reducido la pesada losa de la deuda que arrastran, sino que, al contrario, la han aumentado en un 6,3% respecto a los 32.667 millones de desfase que encajaban a finales de 2011.
Así lo refleja el Banco de España en su último boletín económico, correspondiente al tercer trimestre.
En contraste, las autonomías y corporaciones locales sí han logrado rebajar la deuda de sus empresas públicas en lo que va de año, lo que algunos expertos achacan a la efectividad de la estricta vigilancia a la que las somete el Ministerio de Hacienda, que no parece tener el mismo éxito en embridar a las que dependen de la Administración central.
Así, según los datos hechos públicos por el Banco de España, las compañías dependientes de las autonomías debían en su conjunto 12.182 millones de euros a finales del tercer trimestre -descenso del 6,5 por ciento sobre los 13.035 a finales del pasado año-, mientras que las empresas de las corporaciones locales acumulaban un endeudamiento de 9.042 millones, lo que significa una disminución del 3 por ciento respecto a los 9.328 millones al cierre de 2011.
A falta de conocer los resultados del tercer trimestre del año, algunas cifras están claras: el agujero del sector público empresarial español en su conjunto se acerca a los 56.000 millones de euros -concretamente, 55.973 millones-, lo que representa un máximo histórico. Pero es que, además, en lo que va de siglo, la Administración central ha triplicado su volumen de deuda empresarial, ya que en el año 2000 suponía 10.665 millones.
Es llamativo que, de la cifra global de deuda que acumulan las empresas públicas de las comunidades autónomas, sea Cataluña la que concentre más de la mitad de la deuda, en concreto 6.184 millones, que representa el 50,76% del total. Es asimismo curioso que la Comunidad de Madrid sea la menos endeudada en términos relativos -el 9,5% de su PIB- y, en cambio, también sea la segunda región por volumen de deuda de sus empresas públicas: 1.593 millones de euros en el tercer trimestre. A tenor de los datos facilitados por el Banco de España, a Cataluña y Madrid le siguen por este concepto la Comunidad Valenciana, cuyas empresas públicas declaran una deuda de 1.132 millones; y Andalucía, con 717 millones.
La gran poda, para 2013
En el debate de su investidura como presidente del Gobierno, Mariano Rajoy fijó una ambiciosa hoja de ruta, con medidas de ajuste y de contención del gasto, entre las que incluyó la supresión de organismos públicos. Rajoy anunció entonces un "redimensionamiento" del sector público y del personal a su servicio, mediante la "reestructuración y supresión de organismos, agencias y otras entidades". También abogó por el adelgazamiento de la Administración con las comunidades para evitar duplicidades y solapamientos.
Tres meses después, en marzo de este año, el Gobierno central pretendió dar ejemplo y aprobó el Plan de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional Estatal, en el que se fijaba como meta suprimir 24 sociedades, desinvertir en 8 y liquidar otras 13.
En esas fechas, las Administraciones Públicas en su conjunto tenían unos 4.000 organismos, entre empresas, fundaciones, consorcios y entidades públicas. Cerca del 90 por ciento de esos entes -aproximadamente 3.600- estaban participados por comunidades y corporaciones locales, y de ellos, a su vez, alrededor de 2.400 dependían de los gobiernos regionales. Tan sólo 400 organismos estaban adscritos a la Administración central.
Las autonomías se comprometieron con el Gobierno a suprimir 675 organismos de ese conglomerado, pero la realidad es que, en una entrevista a Onda Cero, el propio secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, reconocía hace meses que los planes de supresión de empresas públicas autonómicas no iba según lo previsto. De hecho, de esos 675 entes que los gobiernos regionales se comprometieron a liquidar, hasta julio de este año tan sólo se habían suprimido 198, según el último dato disponible, lo que quiere decir que las comunidades autónomas tienen pendientes de liquidar 477 entes de su sector público empresarial.
Las últimas cifras confirman, pues, la lentitud de este proceso de desmantelamiento del andamiaje empresarial autonómico, a menudo fuente de clientelismo, según denuncian partidos políticos en la oposición y estudios independientes.
Opacidad y clientelismo
La opacidad de esta red de innumerables organismos pseudopúblicos es común a todas las regiones. Así, por ejemplo, en el País Vasco, la formación política UPyD acaba de registrar una iniciativa parlamentaria para pedir al Gobierno de Urkullu que elabore un plan para el "redimensionamiento y la racionalización" del número de entes, fundaciones, empresas públicas y semipúblicas dependientes del Ejecutivo "inútiles o duplicadas". El plan, que se pretende hacer igualmente extensible a los "chiringuitos de los ayuntamientos y las diputaciones", propone una reducción drástica de los entes, sociedades y fundaciones.
UPyD critica al PNV por haber sido "un especialista en diversificar la gestión, es decir, en colocar a los amigos en empresas públicas que a su vez dan empleo a otros amigos, creando una maraña de servidumbre". Para este partido, en los años de Gobierno del PSOE se hizo algo en términos de fusión de algunas empresas en Medio Ambiente, algunos parques tecnológicos? "Casi nada. Porque hay que tener en cuenta que en casi cada pueblo hay un polígono industrial, y funciona al estilo de una empresa publica, con un director nombrado a dedo? No hay ningún control de ese entramado", denuncia UPyD.
Respecto a la envergadura de ese conglomerado -casi imposible de conocer en cifra, número de empleados, funciones y estructura-, hay expertos que calculan que ha ido generando una deuda que puede llegar a 55.000 millones de euros. Según un informe de la consultora Freemarket, que preside Lorenzo Bernaldo de Quirós, el 90 por ciento de estas firmas estaría en situación financiera de suspensión de pagos, pero arrojarían una deuda global con un coste por ciudadano de 1.200 euros anuales.
Empresas públicas en peligro de extinción
