Ha sido todo un año impulsando reformas, tal y como rezaba el lema de la Interparlamentaria que el PP celebró esta semana, pero lo cierto es que cerca de un tercio de las casi 100 medidas contenidas en el Programa Nacional de actuaciones que el Gobierno se fijó para este año corresponde a medidas bien completamente postergadas a 2013 o bien iniciadas en 2012, pero que llegan al final del ejercicio sin apenas desarrollo.
En el ámbito de las Administraciones públicas hay ejemplos de ambas modalidades. Los ayuntamientos (tanto del PSOE como del PP) consiguieron parar el Plan de Racionalización de las Entidades Locales, y medidas como la fusión de municipios o la definición de las competencias de los alcaldes tendrán que esperar al año que viene, al igual que la esperada reforma de la financiación autonómica.
Con respecto a las regiones, es cierto que sí ha echado a andar el Plan de Reestructuración de las empresas públicas que dependen de los Gobierno autonómicos, pero con resultados que han llegado a exasperar al propio secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, pues no en vano son menos de 200 los organismos que se han liquidado cuando debían ser 675 los que Hacienda quería ver con el cierre echado ya en julio de este ejercicio.
Otro deber pendiente, para el año nuevo en lo que a las autonomías concierne, será que se tomen en serio la eliminación de organismos ya existentes en el Estado y duplicados por ellas que también está prevista en el Programa Nacional de Reformas de 2012.
Con todo, incluso la posición de Beteta es posible que resulte envidiable para el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien lleva cinco meses afanándose en la lucha por sacar adelante el proyecto de unificación de la acción exterior sin resultados. El objetivo es que España hable con una sola voz, y evitar, como ahora ocurre, que las embajadas tengan que competir con los representantes particulares de los ministerios, de las autonomías o de las cámaras de comercio entre otros organismos. García-Margallo ha llegado a lamentar que sólo recibe "propuestas corporativas" para su proyecto, que descuidan su alcance general.
Ahogo económico
En otros casos el atrancamiento de una reforma viene motivado por motivos estrictamente económicos, que son los que han acortado una de las dos patas de la reforma laboral. Ésta no sólo previó el abratamiento del despido y la reforma de la negociación colectiva; también vino acompañada de una ambiciosa revisión de las políticas activas de empleo (compuesta de cinco planos de actuación, de acuerdo con el Programa Nacional de Reformas).
Ya en julio pasado el Consejo Europeo advirtió de que este aspecto se había descuidado, al igual que ha ocurrido con otras iniciativas relacionadas como el Plan de Empleo Juvenil estatal. Y la situación no se corrigió meses después, cuando Fátima Báñez anunció un recorte del 34,6% internanual en la dotación de las mencionadas políticas para parados, alegando que la prioridad de su departamento tenía que ser la sostenibilidad de la Seguridad Social.
Pero, a propósito de las pensiones, ningún avance estructural ha habido en cuanto a asegurar su viabilidad, aun cuando ese objetivo queda recogido por el Programa de Reformas. En realidad, no habrá avances más allá de la puesta en marcha, a partir del año que viene, de lo ya dispuesto en 2011, durante la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.
Un término muy flexible
No es el único ejemplo de que, bajo el término reforma, se puede esconder una gran variedad de prácticas que en realidad apenas suponen una renovación. Del mismo modo, la rimbonbante "Corrección de los desequilibrios en el sector energético", tanto del eléctrico como del gasístico, se ha quedado en una subida de impuestos sobre los productores que repecutirá sobe los consumidores. El propio ministro del ramo, José Manuel Soria, reconoció que, como mucho, se ha logrado "taponar el déficit" de tarifa.
El ministro de Industria también tiene tareas pendientes en lo que concierne al impulso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, un apartado que se compone de cuatro capítulos en el Programa de Reformas, mientras que en las muy genéricamente denominadas "actuaciones en materia de I+D+i" poco ha habido que esperar, ya que este capítulo partía de un descenso acumulado en su dotación del 31% en los últimos dos años, de acuerdo con los expertos.
Por último, hay reformas previstas para 2012 que llegan in extremis al final del año y que, por lo tanto, todo posible desarrollo tendrá que esperar a 2013. Es el caso de la muy esperada Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, cuya aprobación ha estado estudiando el Consejo de Ministros en los últimos días, tal y como adelantó elEconomista. No se libra del limbo ni siquiera la que el Ejecutivo presentó como una de las medidas estrella para este primer año de legislatura, la Ley del Emprendedor, cuyo objetivo es fomentar el nacimiento de miles de pymes que impulsen la recuperación del país.
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Rajoy: "2013 será un año muy complicado"
