
El Instituto de Estudios Económicos (IEE), think tank ligado a la patronal CEOE, se aventuró ayer a estimar cuál sería el coste, en términos económicos, de la independencia de Cataluña, cuya posibilidad ha marcado la campaña electoral que está a punto de concluir en esa comunidad autónoma. La secesión cabaría con un 50% de las ventas de Cataluña a España.
El panorama que ha quedado bosquejado en el informe La cuestión catalana, hoy se aproxima a lo catastrófico, especialmente en un ámbito que los partidarios de la secesión consideran su punto fuerte: el sector exterior. Los economistas del IEE prevén un derrumbe de las ventas de bienes y servicios destinados a España de un 50% con respecto a los niveles actuales.
El impacto de esa reducción en algunos sectores sería de calado, hasta el punto de que verían segado entre el 25 y el 30% de su producción; el golpe resultaría especialmente intenso para las empresas agrícolas, ganaderas y pesqueras y también para las pertenecientes a la industria manufacturera, debido a su estrecha vinculación con el mercado español.
Si los expertos del IEE estiman que la brecha comercial que se abriría entre España y la nueva Cataluña sería tan grande, se debe a que dan por hecho que el recién nacido Estado lo tendría muy difícil para integrarse en la Unión Europea. En particular, uno de los firmantes del informe, el catedrático de la Autónoma de Madrid Donato Fernández, augura que el retorno al club europeo llevaría "entre cinco y ocho años" en el mejor de los escenarios, esto es, si el Gobierno central y Barcelona llegaran a un acuerdo amistoso de separación.
En la peor de las circunstancias, si España no reconoce la escisión (una postura a la que otros pesos pesados de la Unión, como Francia, podrían también adherirse), cabe la posibilidad de que transcurran "un par de generaciones", es decir, 30 años, antes de que hubiera un representante catalán en Bruselas. Mientras tanto, los bienes y servicios que traspasaran las fronteras del nuevo Estado con rumbo a España, o a otros países de la UE, se verían gravados por el arancel comunitario, con la consiguiente pérdida de competitividad. Sería un lastre que ni siquiera compensaría el hecho probable de que Cataluña continuara operando comercialmente en euros, tal y como expuso otro de los autores del informe, el también catedrático (en este caso de la Autónoma de Barcelona) Clemente Polo.
La deuda hay que pagarla
No le resultaría tan fácil a la Generalitat independiente marcar distancias con respecto a Europa en otra cuestión: el pago de sus deudas. Polo cifra en 180.000 millones el pasivo que la recién nacida nación traería bajo el brazo, unos números rojos que resultarían sencillamente "inasumibles" para tan pequeño territorio, el cual ya se ve en dificultades para atender sus servicios sociales más básicos.
Es más, en la Cataluña actual falta hasta el agua, según denunció, el pasado miércoles, Victor Grifols. El empresario catalán, presidente de la farmacéutica que ostenta su apellido, aseguró que necesita millones de litros del líquido elemento para asegurar la buena marcha de la planta que tiene instalada en Parets del Vallès (Barcelona) y la Generalitat no le garantiza el suministro. El dardo de Grifols llegó directamente a su destinatario, ya que lo lanzó en la propia Ciudad Condal, en una cena de la Sociedad Española de Analistas Financieros a la que también fue invitado Boi Ruiz, el consejero de Sanidad del Gobierno de Artur Mas y pocas horas antes de que el comisario europeo Michel Barnier aterrizara en Barcelona para entrevistarse con Mas.
El hecho de estar hablando en el transcurso de una velada organizada para homenajearlo no contribuyó a suavizar los arremetidas de Grifols, quien aseguró que no se sentiría más a gusto en Madrid. De hecho, dejó claro que no se ve capaz de seguir invirtiendo en España, un país en el que, además de problemas económicos, se ve regido por una "democracia rota", en la que "la Monarquía patina", "los sindicatos no saben lo que hacen", los autonomías "son accesorios que molestan" e instituciones como el Senado demuestran no servir para nada útil.
Ante tal panorama el empresario aseguró que prefiere mirar hacia fuera, como los miles de españoles que emigran en busca de trabajo ("expatriados", los llamó), y buscar otros destinos para su capital como Estados Unidos o, incluso, un paraíso fiscal como Gibraltar.