Economía

Dos años bajo un plan de rescate: Irlanda, ¿ejemplo para el resto de socios europeos?

  • El Gobierno confía en abandonar el programa de ayuda a finales de 2013
Imagen: Archivo

Hoy se cumplen dos años desde que Irlanda solicitó un rescate internacional por valor de 85.000 millones de euros. Dos años de reformas para una sociedad que aún enfrenta más recortes y medidas de austeridad con el horizonte de unos presupuestos generales para 2013 encaminados a ahorrar 3.500 millones de euros.

Dos años de duros ajustes que han impuesto grandes sacrificios sobre la sociedad, pero también han convertido a este país en un ejemplo para los socios comunitarios que, como Alemania, aseguran que las políticas de austeridad funcionan.

Hasta la fecha, la tríada de inspectores que forman la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha certificado cada trimestre desde noviembre de 2010 los progresos de Dublín para alcanzar todos los objetivos fijados en su rescate.

El Gobierno confía en abandonar el programa de ayuda a final de 2013 cuando tiene previsto regresar a los mercados de deuda en busca de fuentes de financiación, después de aplicar unos planes de ahorro durante 2011 y 2012 valorados en 6.000 y 4.200 millones de euros, respectivamente, marcados por importantes recortes en el gasto social, subida de los impuestos y rebajas salariales.

Exige más al sector público

El ministro irlandés de Gasto Público y Reforma, Brendan Howlin, reiteró hoy que el Gobierno está "dispuesto a seguir cumpliendo con las metas de consolidación fiscal" para reducir el déficit público el próximo año hasta el 7,5% del Producto Interior Bruto (PIB) y al 3% en 2015.

Para ello, advirtió, es necesario que el sector público, que incluye las pensiones, contribuyan "sustancialmente durante los próximos tres años", pues recordó que en 2012 este área se llevó el 35% del gasto total del Estado.

El Ejecutivo presentará el 5 de diciembre unos presupuestos generales en apariencia menos severos, con una meta de ahorro de 3.500 millones de euros. De ese total, 2.250 millones de euros podrían salir de los recortes en el gasto del Estado, mientras que el Gobierno prevé ingresar los restantes 1.250 millones de euros a través de nuevas medidas fiscales.

Para algunos observadores, la reducción del recorte en las nuevas cuentas solo representa una vuelta de tuerca más en la política de austeridad, incompatible con la creación de empleo y crecimiento y continúa perjudicando, además, a las capas sociales más desfavorecidas.

Esa es la visión de los sindicatos irlandeses, que han convocado para este sábado una manifestación en Dublín contra los recortes a la que esperan que asistan más de 10.000 personas, una cifra bastante respetable para un país cuya ciudadanía, de momento, ha decidido, en su mayoría, confiar en silencio en el rumbo marcado por la UE y el FMI a su Gobierno.

Para los sindicatos, los próximos presupuestos se cebarán, dicen, con los pensionistas, la sanidad y la educación y el desempleo se mantendrá en 2013 en torno al 14,5%, tasa calificada por la troika de la CE, BCE y FMI de "inaceptable".

Crecimiento del 1,5%

El propio Ejecutivo de coalición entre conservadores y laboristas ha rebajado las previsiones de crecimiento para los próximos tres años. Según el Ministerio de Finanzas, el Producto Interior Bruto (PIB) irlandés crecerá un 1,5 % en 2013, un 0,75% menos de lo previsto anteriormente, lo que, en su opinión, retrasará el regreso a un "crecimiento sólido".

La ciudadanía de este país también quiere avances respecto a la cuestión de la deuda bancaria, después de que el Gobierno haya sostenido que, además de necesaria, su adhesión a las políticas de austeridad le ofrecerían una baza negociadora ante sus socios comunitarios.

De momento, Dublín destaca que Francia y Alemania han asegurado que pedirán al Eurogrupo que tenga en cuenta la "especificidad" del caso irlandés a la hora de abordar el asunto de la recapitalización de su banca.

No obstante, no está claro si la UE permitirá que Irlanda desvincule su deuda soberana de la bancaria de manera retroactiva, lo que aliviaría la presión sobre el déficit del Estado, que, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, ha inyectado 64.000 millones de euros en el rescate de su sistema financiero.

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