El régimen de asistencia a consumidores o empresas para evitar situaciones de insolvencia mediante fórmulas de alerta temprana, asesoramiento y autochequeo, es "prácticamente nulo" en España, a lo que se suma la falta de herramientas para posibilitar la continuidad de la actividad empresarial, según denunció ayer Luis Gonzaga Serrano de Toledo, abogado de Estado y participante en diversas reformas legislativas y estudios en materia concursal.
En el marco del Foro de Economistas, que organizaron hasta ayer el CGCEE y el Colegio de Economistas de Madrid, Serrano censuró también que, "de 33 Estados de la UE, sólo seis, entre ellos España, no tienen un sistema de exoneración, y aclaró que en los Estados en que existe tal posibilidad "no hay ningún problema en sus entidades de crédito".
Abogó así por el uso de fórmulas como el Fresh Start -aplicable "a deudores honestos" y mediante evaluación previa- y resaltó que, para el pequeño empresario en apuros, "no basta con liberarse de la deuda", sino que es necesario que pueda competir con el resto del mercado" una vez cumplidas sus obligaciones de pago, contando con el mismo acceso al crédito bancario que el resto de empresas. Esta idea, sin embargo, en España "nos suena a chino".
Pidió, ademas, implantar recetas que eviten la situación de insolvencia, como la obligatoriedad de consultar a un especialista antes de que la pyme tome determinadas decisiones, algo que ya ocurre en otros países, como Francia.
Por otro lado, aseguró que el uso del proceso concursal como vía de solución para las situaciones de insolvencia de las personas naturales (sean o no empresarios) es "prácticamente inexistente en España" y criticó algunas de sus taras. "No puede ser que la solicitud de concurso tarde dos o tres meses en admitirse", resaltó. El coste de esta vía, además, "no pude ser excesivo" y, especialmente, es necesario que no sirva sólo para paliar los efectos de la insolvencia, sino para prevenir que ésta se vuelva a producir en el futuro.
Lucha contra el fraude
El Foro también sirvió de marco para analizar las dudas que plantea la recientemente aprobada Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, ya en vigor. Sobre esta norma, Caridad Gómez Mourelo Castedo, inspectora de Hacienda del Estado, aseguró que la Aeat y la Dirección General de Tributos (DGT) trabajan para aclarar en breve determinados puntos, por ejemplo, sobre la inversión sujeto pasivo del IVA.
Sobre este punto, aseguró que se trata de la opción "más práctica" y, en referencia a las dudas planteadas por los empresarios sobre en qué momento deben empezar a aplicar la nueva norma, adelantó que la solución lógica es aplicar el criterio de devengo.
Bienes en el extranjero
En cuanto a la obligación de declarar bienes en el extranjero, aseguró que se acaba de aprobar el Real Decreto que desarrolla la cuestión de la declaración de títulos, activos, valores, o derechos representativos del capital social, entre otros, y que la norma se publicará en los próximos días. Sobre la excepción cuantitativa a la declaración de estos bienes, confirmó que pasará a 50.000 euros, en lugar de los 20.000 planteados inicialmente.
La DGT también aclarará qué debe entenderse por empresario o profesional a efectos del límite de pago en efectivo de 2.500 euros. La idea es que, "el concepto será más intuitivo y mercantil, y se aproximará al de la ley de IVA, y no al del 27.2 de la Ley del IRPF".
Más dificultades para acceder al crédito